Irlanda, la innovación bajo amenaza de la Unión Europea

Daniel Raisbeck

Al final de la década de 1980, la República de Irlanda era considerada un “somnoliento remanso” en el margen de Europa, pero en 1997 la revista The Economist ya exaltaba la “brillante” transformación del “Tigre Celta”.

El surgimiento económico irlandés brindó “un raro ejemplo de un país desarrollado con un nivel de crecimiento comparable al de Asia oriental” al inicio de la década del 2000, cuando Irlanda demostraba “niveles bajos y envidiables de desempleo e inflación, una liviana carga tributaria y una minúscula deuda pública”.

Según el Instituto Tax Foundation, Irlanda es - al igual que Liechtenstein- el país de Europa Occidental con la menor tasa de impuestos corporativos: 12,5 % sobre las ganancias, mientras el promedio europeo es del 18,8 %.

Consciente de que su bajo nivel tributario necesariamente produce inversión, el gobierno irlandés redujo el impuesto corporativo en el 2015 al 6,5 % para toda actividad empresarial relacionada con la creación de patentes y de software protegido por derechos de autor. Como escribe el analista Tim Worstall, en Forbes, esta no es solo una manera de generar aún más empleos en el campo de investigación y desarrollo (Irlanda ya es la sede europea de Google, Facebook y Twitter), sino que el gobierno seguramente “podrá recaudar más dinero con impuestos sobre los salarios de los investigadores que por medio de un mayor impuesto corporativo”.

No obstante, el gobierno irlandés se ha visto obligado a defenderse en numerosas ocasiones de las críticas de otros gobiernos europeos, como Alemania y Francia, los cuales se han quejado porque varias compañías abandonaron sus regímenes más punitivos para acogerse a las condiciones del régimen tributario de Dublín. Por lo tanto, en mayo del 2015, la Unión Europea (UE), bajo presión de Berlín y París, lanzó una iniciativa para “armonizar” los impuestos corporativos de todos sus países miembros.

Dicha medida acabaría con la competencia tributaria entre países de la UE, obligando a Irlanda, Liechtenstein, Chipre y otras naciones que han decidido atraer inversión y generar crecimiento económico por medio de bajos impuestos a adoptar la tasa tributaria que imponga Bruselas. Por lo tanto, Michael Noonan, el ministro de Finanzas de Irlanda, ha prometido “defender nuestra tasa (del impuesto corporativo) del 12,5 % y promover la innovación como el eje de nuestra política para generar empleos”.

Pese a la retórica combativa, Irlanda ya cedió ante la UE en el 2014 al eliminar la “laguna” tributaria que, como explica el Wall Street Journal, permitía que una compañía registrada en Irlanda le pagara regalías de propiedad intelectual a otra compañía que, para efectos tributarios, estuviera registrada en un país o refugio fiscal que no cobra impuestos corporativos.

Sin embargo, en agosto de este año, la Dirección General de Competencia de la Comisión Europea, la rama ejecutiva de la UE que está a cargo de la comisionada danesa Margrethe Vestager, le cobró una multa de 13.000 millones de euros a la compañía estadounidense Apple, la cifra que supuestamente le debe al gobierno de Irlanda por sus operaciones en el país desde el 2003 hasta el 2014, periodo en el cual la empresa se acogió a las flexibles normas tributarias del país. El argumento de Vestager es que tales normas violaban las leyes de la UE que prohíben el tratamiento preferencial hacia compañías particulares por parte de un Estado miembro.

Según Ambrose Evans-Pritchard, analista económico del diario The Daily Telegraph, la Dirección General que lidera Vestager “opera por fuera del control judicial tradicional que se espera de una democracia desarrollada”, ejerciendo la capacidad “de imponer multas que equivalen penas criminales pero sin el debido proceso del derecho penal”.

En efecto, la multa contra Apple no proviene de una corte irlandesa y, de hecho, el gobierno de Irlanda se encuentra en la extraña posición de apelar a la UE para dejar de recibir 13.000 millones de euros en impuestos. Pero, como argumenta Evans-Pritchard, lo que realmente está en juego es la capacidad de la Asamblea irlandesa, el Dáil Éireann, de determinar sus políticas fiscales y tributarias de manera independiente.

En últimas, el ataque de la Comisión Europea contra Apple, el cual parece ser motivado por razones políticas (la eurocracia pretende frenar el crecimiento de Silicon Valley), reafirma la sabiduría de los británicos al haber abandonado la UE.