Independencia y democracia

Omar Herrera Ariza

Abogado y exdocente universitario

omarherrera10@gmail.com

A siete años de la conmemoración del bicentenario de la independencia, conviene un examen de  logros y falencias acumulados a lo largo de la vida republicana, para otear los posibles rumbos, e imaginar los planes y estrategias que mejor convengan en el propósito de conducir a la sociedad colombiana a más altos estadios de convivencia civilizada. Una primera constatación útil para este efecto ha de ser la de que el 7 de agosto de 1819 los granadinos alcanzaron el cenit de la gloria militar en la lucha contra la metrópoli, pero no fue su triunfo la consolidación, ni siquiera el comienzo, de una revolución burguesa que introdujera al país por las rutas de la modernidad.

Como lo advirtió con lucidez el inmolado Manuel Gaona Cruz, el proceso iniciado el 20 de julio de 1810 no significó la toma del poder político y económico por parte de una burguesía desarrollada y cultivada, pues no existía para la época en la Nueva Granada una clase empresarial capaz de jalonar el crecimiento económico en torno al instituto del mercado libre y la iniciativa privada. La vanguardia de insurrectos era apenas el germen de una burguesía en eclosión, influida, eso sí, por  vientos ideológicos agitados desde Norteamérica y Francia, liberal en sus ideas políticas y económicas, pero sin apoyo en las estructuras reales de la sociedad de entonces. Ese grupo de criollos desafectos al gobierno español es el que, a poco andar, habrá de construir el andamiaje institucional a imagen y semejanza de los paradigmas franceses y americanos y que, por fuerza de la dinámica de los tiempos, se constituirá como clase social capitalista, dominante al interior del nuevo país, pero dependiente en lo externo de los intereses y necesidades de sus modelos capitalistas desarrollados.

El experimento revolucionario permitió la adopción de constituciones por parte de las provincias liberadas que, en lo sustancial, coincidieron en recoger postulados liberales tales como la afirmación rotunda de la soberanía popular; la clara preocupación por procurar límites al poder; los Derechos del Hombre y del Ciudadano; la tripartición del poder y, a imitación del modelo norteamericano, en vez de monarquía constitucional, la adopción del presidencialismo. A partir de entonces se inició un proceso, aún inconcluso, caracterizado por múltiples tensiones, las más de las veces con apelación a la violencia, reflejando profundas contradicciones e inequidades estructurales de la sociedad, con expresiones frecuentes de autoritarismo y muy escasa presencia de prácticas democráticas, pues esta, la democracia, se ofrece apenas como el rito electoral que convoca a los ciudadanos a expresar sus preferencias mediante el sufragio, con abstracción de la manipulación de las conciencias y de las condiciones materiales de existencia (pobreza, ignorancia, intimidación) que posibilitan la corrupción del elector.

Esa democracia restringida que los colombianos hemos construido a lo largo de estos doscientos años no solo no constituye el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, sino que, asediada por las fuerzas del capitalismo salvaje, ha permitido la mercantilización de toda la vida social y de la naturaleza misma, justificando la criminalización de la protesta y la militarización de los conflictos. Además, en su nombre y con su invocación, una casta con pretensiones dinásticas, usando perversamente el mecanismo de la representación, asaltó las agencias del Estado para ponerlas al servicio de sus intereses particulares, con lo que indujeron en profunda crisis a lo que resta de nuestra maltrecha y restringida democracia representativa.

Se impone, entonces, si de construir una mejor sociedad se trata, intentar, y obtener un nuevo modelo de democracia, una “democratización de la democracia” como la que propone  Boaventura de Soussa Santos para significar la necesidad de un modelo institucional en el que el desarrollo gire, no en torno a los requerimientos de los mercados, sino en beneficio y con la participación de los excluidos de la economía.