Implantes, el juicio del año

Cristina Castro Especial para ÁMBITO JURÍDICO cristinacastrop@gmail.com

En Colombia, el debate por los implantes de mama se ha quedado corto. El país está en mora de determinar cuál es la verdadera dimensión del daño a quienes se los implantaron, quiénes deben responder y qué medidas deben adoptarse para que esto no vuelva a suceder. Estas son preguntas de primer orden en todo el mundo hoy. Y no es para menos. Se calcula que más de 300.000 mujeres portan estos implantes: 12.000, en España; 40.000, en el Reino en Unido; en Francia, 30.000; en Argentina, 13.000; 62.500, en Venezuela, y en Colombia, 15.000.  

En Francia, las autoridades ya probaron que esas prótesis fueron hechas por la empresa Poly Implant Prothèse con silicona industrial, 10 veces más barata y no médica (según el diario El País). A tal punto que miles de mujeres se encuentran reclamando perjuicios ante la jurisdicción civil e incluso ya se han iniciado procesos penales por homicidios y lesiones personales a los que se han vinculado cientos de mujeres latinoamericanas.

Quizás la mayor dificultad de estos procesos se encuentra en que, a pesar de la evidente falta de la empresa fabricante, esta no es la única responsable de lo sucedido. Y más temprano que tarde estos tendrán que vincular a los Estados. Las prótesis se consideraron como un producto sanitario y no como un medicamento. Por lo tanto el único requisito para llegar al mercado fue lograr una certificación de un laboratorio privado. A esto se suma que pese a que las autoridades francesas detectaron el fraude en el 2009, solo dos años después esta alerta llegó al mundo entero.

Esta no es la primera vez que los sistemas de control sanitarios fallan en un país y luego tienen repercusiones en muchos otros. En los años 60, sucedió en Alemania un escándalo similar con el medicamento talidomina, utilizado para los dolores del embarazo, que generó deformaciones irreversibles en los hijos de quienes la consumieron. Cincuenta años después, los implantes PIP vuelven a demostrar que el control de los productos médicos y sanitarios debe ser muy riguroso y aplicado en cada país individualmente. De no ser así, este efecto domino volverá a suceder.