FORO: ¿Qué propuestas tiene para un sistema judicial sin corrupción?

 

Juan Camilo Rivadeneira

Redactor Ámbito Jurídico

juan.rivadeneira@legis.com.co

 

Nostalgia de mejores tiempos y desilusión se respira en la comunidad jurídica cada vez que se destapa un nuevo caso de corrupción en la justicia.

 

Y es que se puede afirmar que son más los litigantes y los funcionarios judiciales que se levantan todos los días y dignifican la profesión, a pesar que por unos cuantos se estigmatice a un gremio.

 

Pero no se pueden desconocer las heridas cada vez más profundas que ocasionan en la opinión pública la avalancha de investigaciones en contra de abogados que, en el papel y por sus altos cargos, deberían ser intachables. Casos como los de los exmagistrados Pretelt, Bustos y Ricaurte, así como el del exfiscal Luis Gustavo Moreno, ponen una carga negativa muy grande sobre el prestigio de los abogados.

 

Lamentablemente, en esta coyuntura parece olvidarse a juristas asesinados por su inmodificable honestidad, Rodrigo Lara, Enrique Low Murtra, Carlos Mauro Hoyos y los centenares de abogados inmolados, muchos de ellos anónimos, por defender la justicia en lugares apartados del país; para no ir tan lejos, la masacre de La Rochela es un ejemplo de funcionarios judiciales asesinados en ejercicio de su labor.

 

Buscando las causas

 

 

Importantes analistas han coincidido en que las recientes investigaciones están ayudado a destapar una serie de fallas estructurales en la institucionalidad de la Rama Judicial, así como en la formación, selección, desempeño y juzgamiento de los actuales operadores judiciales.

 

Sin embargo, no hay que desconocer que, en gran medida, esta es una situación que va más allá del contexto de los abogados, pues la crisis refleja también la sociedad en que vivimos.

 

Tampoco es un secreto que la formación ética ha pasado de ser una materia transversal en la educación universitaria a convertirse en una electiva de “costura” o, básicamente, en una asignatura para subir el promedio académico.  

 

También son repetidas las quejas por las convocatorias para acceder a cargos públicos en la justicia; aunque son muchas, pocos son los nombramientos. Es difícil llegar a trabajar a la rama.

 

Pero como causas principales en los análisis se mencionan la Carta Política de 1991, que le entregó facultades nominadoras a las altas cortes, creó un poco efectivo sistema de juzgamiento de altos funcionarios con la Comisión de Investigación y Acusación en la Cámara de Representantes y con el Consejo Superior de la Judicatura no logró una administración eficiente de los recursos asignados a la rama.

 

No debe olvidarse el desequilibrio en nuestro modelo democrático, en el sistema de frenos y contrapesos que trajo la reelección presidencial aprobada en el 2004.

 

Los intentos de reforma sin éxito

 

 

Desde hace muchos años se habla de una reforma estructural a la justicia, no es un tema nuevo, pues lo intentaron varios presidentes sin éxito, como Alfonso López Michelsen, Julio César Turbay y hasta el mismo Juan Manuel Santos, propuestas frenadas por el mismo poder judicial o ni siquiera discutidas en el Legislativo.

 

Entre los intentos más recientes se encuentran las reformas presentadas por los exministros Fernando Londoño (2002) y Juan Carlos Esguerra (2012). Vale la pena recordar que la segunda se hundió en el Congreso después de ser objetada, por vicios de forma en el trámite de la conciliación, pues se incluyeron varias disposiciones que no fueron aprobadas en los debates.

 

La última aprobada fue la reforma de Equilibrio de Poderes del 2015, la cual desaparecía a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara y al Consejo Superior de la Judicatura, entre otras sustanciales modificaciones; no obstante, fue declarada inexequible en su mayoría por la Corte Constitucional en las sentencias C-285 y C-373, las dos del 2016, bajo el argumento que se vulneraba el principio de separación de poderes y la autonomía e independencia judicial.

 

Estos fracasos reformadores han hecho que varios sectores concluyan que la única manera de tener un cambio profundo en el poder judicial sea una constituyente. Pero hay que tener cuidado con una propuesta atravesada con lo político y en un año electoral.

 

Las propuestas 

 

 

Teniendo en cuenta que se trata de una crisis “multicausal”, ÁMBITO JURÍDICO recogió una serie de propuestas hechas en los últimos días para atacar esta situación desde sus diferentes escenarios. Cualquiera de estas fórmulas debe tener amplios debates.

 

Es por ello que pedimos a nuestros lectores que a través de nuestras redes sociales comenten cuáles de estas ideas consideran que servirán para superar la situación o si tienen otras propuestas que ayuden a mejorar la situación.

 

Educación con controles

 

Examen de Estado para ejercer. Para ejercer la abogacía, además de los requisitos exigidos en las normas legales vigentes, el graduado debería acreditar la aprobación de un examen de Estado que valide que el egresado puede ejercer. Es necesario mencionar que una iniciativa con este objetivo está en trámite en el Congreso.

 

Colegio o barra de abogados. En la mayoría de países los que dan aval para que un estudiante reciba título como profesional del Derecho son los colegios, orden o barra de abogados, estas organizaciones podrían tener esta facultad habilitante, teniendo en cuenta su experticia e independencia.

 

Validación del conocimiento. Para ejercer como litigante, funcionario, docente o notario se podrían exigir más años de estudio y preparación. En varios países de Europa esta formación adicional dura entre dos y seis años, y no es común, por ejemplo, que un abogado sea juez y al mismo tiempo, profesor.

 

Ética intensiva y transversal. Las universidades deberían reforzar la enseñanza y formación ética como una materia angular y transversal para sus estudiantes. También durante la carrera deben existir estrictos procesos éticos, desde la selección de estudiantes y la evaluación de su conducta.

 

Profesionalización y control disciplinario

 

Reformar el control disciplinario y normas penales. Sería necesaria una profunda reforma penal y disciplinaria que castigue ejemplarmente las conductas que sean más recurrentes en el ejercicio indebido de la abogacía como, por ejemplo, las faltas contra la dignidad o el decoro profesional, la recta y leal realización de la justicia, la honradez, la diligencia y la lealtad con el cliente.

 

Exclusiones de la profesión. Para este gremio debería ser más estricta la aplicación de la ley que para cualquier otro ciudadano. Así, se podría fortalecer la imposición de sanciones, especialmente la exclusión del ejercicio profesional, para difundir un mensaje implacable de castigo cuando se intente trasgredir la ética profesional.

 

Comisión de intachables. La Sala Disciplinaria o la Comisión Nacional de Disciplina Judicial parecen insuficientes para casos emblemáticos como los recientes, por eso se ha llegado a proponer crear una “comisión de intachables”, la cual estaría conformada con los abogados más respetados en el país.

 

Modelo judicial y electoral

 

Volver a la idea de una Comisión de Aforados. Varios académicos sostienen que un camino acertado para remediar los problemas de juzgamiento de altos funcionarios era la Comisión de Aforados de la reforma de Equilibrio de Poderes. Por eso proponen una reforma que suprima la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara y se cree un órgano y un proceso de juzgamiento similar al declarado inexequible.

 

Quitarle las funciones electorales y de postulación a las altas cortes. Esta idea, que incluso comparten varios de los constituyentes de la Carta de 1991, es la que más tiene fuerza y respaldo, toda vez que se argumenta que dichas potestades no cumplieron con el fin que se pretendía, ya que lo que hizo fue politizar a la Rama Judicial. Efectivamente, piden que se cambie totalmente el sistema de nombramientos, a partir de un mecanismo participativo y pluralista y que esté bajo la supervisión de las universidades.

 

Meritocracia en las altas cortes. Que sean escogidos todos los funcionarios judiciales por méritos y excelencia y no por clientelismo o lobby político, este es clamor de la mayoría de los abogados que sueñan con llegar un día a impartir justicia. Así mismo, que cada vez sean menos los puestos en provisionalidad y que la carrera administrativa se constituya realmente con el mecanismo general y preferente de acceso al servicio público, tal como lo establece el artículo 125 superior.

 

Reforma al Consejo Superior. No solamente se ha pensado en esta reforma últimamente, desde ya hace varios años hay una serie de cuestionamiento sobre la función que ha tenido.

 

Revocar a todos los magistrados y que sean elegidos con el sistema de cooptación. Esta propuesta es de las más radicales. Se trata de que todos los magistrados de las altas cortes sean revocados y a partir de una comisión de destacados juristas se elijan de manera provisional estos cargos, para implantar un sistema de cooptación. Sin embargo, también es muy criticada, ya que se dice que castiga injustamente a los demás togados honestos y en otros países latinoamericanos no ha traído buenos resultados.

 

Reducir el número de magistrados. Una ley estatuaria que reduzca sustancialmente el número de magistrados de los altos tribunales, con el fin de que se pueda tener un mejor control de las decisiones. Se critica el alto número de magistrados, incluso el número de altas cortes, que hay en Colombia frente a otros sistemas judiciales del mundo, sin dejar de mencionar que también se les exige para llegar a estos cargos una edad mínima de 50 años, en promedio.

 

Convocar a una asamblea nacional constituyente. Tal vez es la que genera más polémica y revuelo, porque tiene por igual defensores y detractores. Lo que están a favor señalan que ninguna reforma a la justicia va a tener el beneplácito de la Rama Judicial o el impulso de la Legislativa, por lo que vaticinan que el único camino seguro es una nueva reforma a la carta magna que reestructure y cambie por completo el modelo constitucional de la justicia.

 

Rendición de cuentas. Para darle una mayor transparencia a la actividad judicial, debería prestarse total importancia al informe al que están obligadas las altas cortes respecto el manejo de dineros y recursos que tienen bajo su administración, así como permitir a la ciudadanía un conocimiento y control real de sus decisiones.

 

Decisiones públicas por televisión. Crear el canal de televisión de la Rama Judicial, con el propósito de que cualquier persona pueda enterarse de manera directa de las trascendentales decisiones que se adopten y, así mismo, pueda llegar a identificar las motivaciones de ciertas ponencias cruciales para los colombianos.

 

No hay que olvidar que mientras se destapan estos casos en las altas esferas del poder judicial, las bases luchan a diario contra la congestión, la falta de recursos y por mejoras en el sistema de carrera.

 

También debe pensarse en la seguridad jurídica afectada por la variación e inflación normativa, una  responsabilidad del Congreso, que expide leyes, principalmente penales, influenciada por coyunturas que congestionan no solo los despachos, también las cárceles.

 

Pero lo más importante es que los funcionarios judiciales tienen que asumir a diario el papel de defensa de este poder público tan fundamental para la democracia, a partir de un trabajo profesional y garante para los ciudadanos de a pie.