¿En qué vamos en cambio climático?

María Paula García

Especialista en Derecho Ambiental

Socia de GHER & Asociados Abogados

mpgarcia@gherasociados.com

Twitter: @gher_asociados

El cambio climático es un fenómeno del que todos hablan, pero pocos saben con exactitud de qué se trata. A este se le atribuyen los aumentos de la temperatura media de la tierra, los fenómenos climáticos como La Niña y El Niño, el deshielo de los glaciales y los desastres naturales de los últimos años, entre otros.

La verdad es que, a pesar de los múltiples estudios, no han podido determinarse la totalidad de sus causas ni la magnitud y alcance de sus efectos. Para algunos, que es la tesis mayoritaria, el fenómeno es consecuencia de la actividad humana no sostenible (industrial, agrícola, ganadera, etc.), determinando como causa principal la emisión de gases efecto invernadero (GEI) de tales actividades. Otros lo explican desde teorías de la evolución, considerando que se trata de una nueva fase que atraviesa el planeta, necesaria para avanzar a otra diferente; y aunque reconocen que su causa es la actividad humana, parten del hecho que el humano es un elemento más que integra la Tierra.

Este fenómeno se ha convertido en una problemática medio ambiental mundial que ha sido objeto de múltiples discusiones, pues sus efectos, al menos los conocidos hasta ahora, han generado impactos socio-económicos importantes en los países. Por esta razón, en 1988, la Organización Meteorológica Mundial y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente crearon el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, encargado de analizar los riesgos de este fenómeno, sus repercusiones y los métodos de adaptación al mismo.

A lo anterior le siguió la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático de 1992 (CMNUCC), la cual estableció, para los países desarrollados (países del Anexo 1), la obligación de mitigar los daños producidos por los GEI, el apoyo financiero a países en desarrollo (no Anexo 1) y la presentación periódica de informes sobre sus emisiones, y para los países en vía de desarrollo, el establecimiento de políticas sobre la materia.

Su protocolo es el conocido Protocolo de Kyoto de 1997, que además de establecer un mercado de derechos de emisión, pretendía que entre los años 2008 y 2012 se redujera la emisión de GEI en un 7 % aproximadamente, en comparación con las emisiones de 1990. Sin embargo, tal propósito no se logró, por una parte, porque los países firmantes no alcanzaron la meta, y por la otra, porque países industrializados con altas emisiones, como son EE UU y Canadá, no firmaron o denunciaron el protocolo.

Colombia, por su parte, ha participado activamente en las Conferencias de las Partes de la Convención, y en cumplimiento de la obligación que este documento le indica, estableció por primera vez dentro de sus políticas ambientales la implementación de un Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC), en el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, al cual lo acompañan la Estrategia Colombiana de Desarrollo Bajo en Carbono, la Estrategia para la Protección Financiera ante Desastres y la Estrategia Nacional de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación Forestal.

El PNACC, aunque apenas en proceso de elaboración, representa un importante adelanto en la materia, ya que pretende plantear mecanismos de adaptación planificada a través de la implementación de estrategias dinámicas de acuerdo con las amenazas presentes, especialmente a nivel local. Su meta es alcanzar la capacidad para prever y anticipar los posibles efectos del cambio climático en nuestro territorio, para así minimizarlos, adaptarse a ellos y recuperarse oportunamente de estos, evitando consecuencias mayores.

La Estrategia Colombiana de Desarrollo Bajo en Carbono ha sido considerada por la CMNUCC como una de las más importantes a nivel mundial. Las otras dos estrategias, igualmente, han sido reconocidas por ser innovadoras y buscar la mitigación de daños y la gestión de riesgos a partir del contexto actual del país; una de ellas, en cuanto al impacto fiscal asociado a los desastres naturales, y la otra, desde el manejo sostenible de los bosques.

No obstante el importante avance de la política colombiana en cuanto al cambio climático, nuestro país solo representa un 0,37 % de los GEI mundiales, y solo unos cuantos países se le han unido en el desarrollo de planes y políticas reales frente a la materia.

En consecuencia, aunque existe una preocupación mundial en relación con este fenómeno, el compromiso de los países sigue siendo insuficiente para enfrentar una problemática de tal envergadura, especialmente, de los países con mayores emisiones.