En el fondo del hoyo

Francisco Bernate Ochoa

Coordinador del Área de Derecho Penal de la Universidad del Rosario

Twitter: @fbernate

Las redes sociales nos permiten tomar el pulso de la opinión del ciudadano de a pie respecto de los hechos que diariamente se registran en nuestra convulsa realidad. Día tras día, cuando recibimos noticias de horrendos crímenes, medidas cautelares tomadas sin siquiera informar al investigado como correspondería, largas condenas a prisión, destituciones e inhabilitaciones perpetuas, en fin, entes de control desbordados y actuando al vaivén de los medios de comunicación, de inmediato vienen los aplausos de la galería y el pedido por más y más sangre de todo aquel que, según un derecho fundamental que hace rato se acabó entre nosotros, tiene derecho a que se le presuma y se le trate como inocente.

Lo que hoy se percibe es que la justicia colombiana está pasando por un tremendo cambio en sus prácticas, al acudir cada vez más al empleo de medidas cautelares, afectando al ciudadano del común en sus derechos y garantías, cuando aún no ha sido declarado responsable. Los embargos preventivos sin que las personas hayan sido declaradas responsables, el abuso de la detención preventiva, la muerte comercial cuando apenas inicia un proceso son, hoy, el pan de cada día.

Lo triste es que ya nadie está a salvo de la arbitrariedad en que se ha convertido nuestra justicia, que abusa de instrumentos provisionales, mismos para cuya procedencia, lejos de establecerse requisitos y controles estrictos, son relativamente fáciles de aplicar y ejecutar, acabando con la vida de un ciudadano cuya responsabilidad no ha sido declarada aún. En la Colombia de hoy, ya nadie está a salvo de una investigación, y la posibilidad de que al inicio de la misma se restrinjan sus derechos fundamentales, cuando no ha tenido la posibilidad de controvertir la cuestión, o si quiera conocerla, son reales. Vivimos una época terrible para los derechos fundamentales, donde los abusos de las autoridades se volvieron cotidianos, y en la que es posible que personas que han actuado correctamente, conforme a las previsiones legales, se vean involucradas en procesos judiciales o administrativos en los que sus libertades y garantías se restringen antes de lo que corresponde.

Las consecuencias son muchas, pero hay una nefasta para todos nosotros. En la situación actual, todo aquel que asuma un cargo público sabe que será investigado y sus cuentas embargadas, aun cuando no haya sido declarado culpable; podrá ser destituido en cualquier momento; su imagen y trayectoria, arruinadas, y, como ellos mismos lo manifiestan, lo que se ganan al trabajar con el Estado, se les va en años y años de defensa ante todos los entes de control. Así las cosas, el común de las personas le huirá al sector público, y, como ciudadanos, nos perderemos de la posibilidad de tener a los mejores al servicio de todos. No es falso decir que hoy quien asume un cargo público es un verdadero mártir, y que el paso por lo público ya no es un anhelo de todo profesional, como solía ocurrir no hace mucho.

Esta situación explica el aumento en el empleo de la acción de tutela. La cuestión, creemos, no es un abuso de este mecanismo, sino un abuso en las prácticas de un Estado desconocedor de los derechos fundamentales. El aumento en el empleo de la tutela es apenas el síntoma de una enfermedad terrible que carcome la sociedad colombiana de hoy: el abuso y la arbitrariedad desbordada, el sincontrol del control.