El problema jurídico de Santurbán

María Paula García

Especialista en Derecho Ambiental

Socia de GHER & Asociados Abogados

mpgarcia@gherasociados.com

Twitter: @gher_asociados

El Páramo de Santurbán ha sido objeto de múltiples discusiones de tipo ambiental, jurídico y socio-cultural. En efecto, la puja involucra intereses ecológicos, así como de diferentes sectores de la industria, de campesinos y del Gobierno.

El tema, a simple vista, pareciera sencillo. Se trata de un ecosistema de páramo que alberga varias fuentes hídricas, que además de su importancia ecológica, abastece de agua a gran parte de la población del área metropolitana de Bucaramanga, por lo que su protección y conservación es inminente y hace necesaria la prohibición de todas aquellas actividades que afecten su subsistencia, como lo son las actividades agrícolas y extractivas.

Sin embargo, las riquezas del suelo y el subsuelo del páramo involucran importantes intereses económicos, pues su suelo agrícola ha sido el sustento de campesinos de la región por décadas, y su subsuelo, por contener importantes yacimientos de oro, ha hecho de la minería, tanto tradicional (por más de 500 años) como industrializada, una actividad propia de la zona.

El problema radica en que, no obstante tratarse de un ecosistema de páramo en términos ecológicos, su declaratoria, reserva y delimitación legal como Parque Natural Regional solo se dio hasta enero del 2013, mediante el Acuerdo 1236 del Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB), en el que se prohibieron las actividades agrícolas y mineras en la zona.

Es importante tener en cuenta que, de acuerdo con el artículo 1º de la Ley 99 de 1993 y el artículo 29 del Decreto 2372 del 2010, entre otras normas, los páramos son ecosistemas estratégicos que, por su importancia ecológica, deben tener especial protección, por lo que es deber de las autoridades ambientales adelantar las acciones correspondientes, como es su declaratoria bajo alguna categoría de área protegida.

Sin embargo, la declaratoria legal del páramo tuvo lugar cuando ya existían actividades extractivas auríferas en la zona, desarrolladas legalmente por diferentes compañías mineras, en virtud de los contratos de concesión otorgados por el Estado.

Esto generó incertidumbre en aquellas compañías que, luego de haber adelantado y cumplido los trámites legales para la obtención de su título minero e iniciado las actividades correspondientes, se encontraron frente a la negativa de las autoridades ambientales de otorgarles la licencia ambiental requerida para adelantar las actividades de explotación.

Es decir, el Estado colombiano, a través de la autoridad minera correspondiente de la época, firmó contrato con unos particulares, otorgándoles el derecho a explorar y explotar su subsuelo; y luego, el mismo Estado, a través de la autoridad ambiental competente, negó a tales particulares la continuación de sus actividades ya autorizadas, por encontrarse dentro de un ecosistema de páramo no declarado.

Aún peor, en marzo de este año, la ministra de la cartera ambiental dio a conocer un nuevo mapa del Parque Regional Páramo de Santurbán, que amplía su área de 11.700 a 42.000 hectáreas. Sin embargo, a la fecha no se han dado a conocer sus coordenadas exactas (lo cual se ha pospuesto ya cinco veces), aumentando la incertidumbre de las compañías mineras de si podrán continuar sus actividades, al menos en parte de las áreas otorgadas.

El Gobierno ha considerado erróneamente que el título minero que otorga el derecho a explorar no concede automáticamente el derecho a explotar, por estar este último condicionado a la obtención de la licencia ambiental. No es así, ya que el contrato que hoy se firma con el Estado colombiano claramente indica que concede los derechos de exploración y explotación de recursos minerales. Ahora, que la licencia ambiental se niegue con posterioridad al otorgamiento del contrato de concesión minera, por desconocimiento del Estado del mapa geológico del país, es otra cosa.

La solución planteada por el Ministerio frente a los campesinos agricultores es la reconversión a actividades sostenibles, de acuerdo con el ecosistema en cuestión; pero para las compañías mineras no hay solución, y la ministra ya anunció que están preparados frente a las posibles demandas.

Una vez más, no se trata de desproteger nuestros recursos naturales ni de permitir su agotamiento de forma no sustentable, se trata de fortalecer la coordinación interinstitucional del Estado, para evitar romper el bolsillo de quienes están interesados en invertir en nuestro país.