El derecho al Estado

Salomón Kalmanovitz

Economista e historiador

El Estado en Colombia no le llega a todos sus ciudadanos. La provisión de los rasgos de eficacia, legitimidad y legalidad que caracterizan al Estado social de derecho sucede en Colombia de manera dispar y heterogénea.
Acá el grado de consolidación del Estado es mayor en el centro del país que en la periferia, hay más de su presencia en las áreas urbanas que en las rurales y bastante más donde viven los ricos que donde lo hacen los pobres, por lo cual el sistema de justicia, en especial, no les llega a todos. Este es el tema de un trabajo de Mauricio García-Villegas y José Rafael Espinosa, El derecho al Estado (Colección Dejusticia, 2013).

Hace falta, según los autores, encontrar una ruta entre la existencia formal o jurídica del Estado y su existencia sociológica, para que pueda efectivamente proteger los derechos de todos y alcance de manera balanceada los fines de eficacia (la centralización efectiva del poder y el ejercicio de la represión delimitada) y legitimidad (a través de la participación popular). El equilibrio entre las distintas fuerzas sociales y las instituciones de gobierno debe proteger los derechos individuales, validados principalmente por los jueces y el sistema de justicia, o sea por el rasgo de su legalidad.

La herencia colonial mantiene una marca casi indeleble en la América española entre “una férrea estructura de privilegios, poderes y distribución de bienes que las nuevas clases dirigentes no pudieron, o simplemente no quisieron, afectar” (p. 26) y constituciones democráticas, resultantes de la modernización económica y política que hemos vivido en un siglo de desarrollo capitalista. Hay una enorme distancia entre religión, moral y cultura, heredadas del pasado, y el derecho viviente, portador de la idea fundamental de la igualdad frente a la ley y de la protección universal de los derechos.

En parte resultado del conflicto interno colombiano y del surgimiento del narcotráfico,  existen actualmente 229 municipios donde habitan seis millones de colombianos sometidos a un apartheid institucional: sufren de la opresión de actores armados ilegales o son víctimas de la corrupción y el clientelismo que despliegan poderes económicos sin límite alguno, apoyados a veces por las fuerzas del orden, siempre huérfanos del amparo de las instituciones democráticas y del sistema judicial. Todos estos municipios presentan un bajo desempeño integral y de justicia. Se trata de un déficit de poder estatal que impide a esta población acceder a sus derechos y que la segrega efectivamente no en términos de raza, como en Sudáfrica, sino por el sitio donde viven, ya sea en las zonas de colonización, en los enclaves mineros y en las villas miseria de todas las ciudades del país.

Las soluciones no son simplemente militares, aunque requieran del uso legítimo de la fuerza, sino de la presencia de instituciones especiales, tanto de la fiscalía como de juzgados ad hoc que impartan justicia y defiendan a los ciudadanos, desplazando a los poderes ilegales que asumen estas funciones. Los autores elaboran mapas de desempeño de la justicia local, del comportamiento integral del Estado, de la presencia guerrillera, paramilitar y de bandas criminales, para medir de manera aproximada los rasgos de eficacia, legitimidad y legalidad del Estado colombiano en la compleja geografía del país.

Frente a las posiciones de la izquierda que consideran que hay un exceso de Estado en Colombia –un despiadado leviatán– en el que incluyen a los grupos ilegales de derecha y a los poderes económicos surgidos del narcotráfico, y las de la derecha que, convencidas de que vivimos en una democracia perfecta, pretenden arrasar con los actores armados de izquierda y con sus bases sociales, los autores nos entregan una visión equilibrada de la realidad. Ellos proponen una ruta viable de construcción del Estado social de derecho en todos los territorios del país que carecen de él o donde su existencia es precaria.