El Congreso no debe reformar la Constitución

Jaime Castro Exalcalde de Bogotá

Varios de los 40 actos legislativos expedidos para reformar la Constitución del 91 fueron dictados con el propósito de limpiar y democratizar la vida política del país. Vale la pena recordar los números 1 del 2003 y del 2009, porque fueron los más publicitados, trataron diversos temas (partidos, régimen electoral, financiación de campañas, derechos de la oposición, voto en blanco) y se aseguró que con ellos se adoptaba una importante reforma política. A pesar de tanto esfuerzo, o porque ese esfuerzo se ha cumplido para conservar ventajas y privilegios de quienes hacen las reformas, la política se ha deteriorado y envilecido cada día más y se ha agravado el déficit de legitimidad de todo el sistema político. Lo ocurrido en las recientes elecciones parlamentarias y presidenciales así lo prueba.

La normativa constitucional no ha contribuido a la recuperación y mejoramiento de la vida política, básicamente por dos razones. En primer lugar, porque el Congreso, como cuerpo constituyente, ha cometido toda clase de errores. Ha manoseado la Constitución y chamboneado a la lata. Ha aprobado reformas equivocadas e innecesarias. Las ha hecho, en varias ocasiones, para tratar problemas y situaciones que hubieran podido manejarse mediante ley o acto administrativo. Tanta reforma suelta, disímil y dispersa volvió colcha de retazos la Carta del 91. Entre ellas no hay un pensamiento rector o un hilo conductor que permitan pensar que buscaron estructurar determinada forma de Estado, de régimen político o de gobierno. Por eso, la Corte Constitucional ha declarado inexequible cinco actos legislativos completos y varios apartes de otros siete.

Además, los gobiernos, los partidos y las bancadas de turno en el Congreso han utilizado las reformas para legislar con nombre propio, sin ninguna visión de futuro y a favor de sus propios intereses. En algunos casos, ministros y congresistas han incluido en la Constitución artículo, inciso, parágrafo, frase o expresión con los que creen pasarán a la historia. Hay reformas que parecen trajes sobre medidas.

Infortunadamente nada cambiará, porque el Congreso, sin olvidar sus prácticas, seguirá ejerciendo el poder constituyente, pues no hay condiciones políticas para la convocatoria de un referendo o una asamblea constituyente. Y lo hará ocupándose, por separado, en distintos momentos y sin que haya conexidad entre uno y otro, de numerosos proyectos. El Gobierno los anunció sobre reforma política, electoral, judicial, regalías y repatriación de capitales. A esas iniciativas oficiales se sumarán las de los partidos sobre voto obligatorio, fuero militar y estatuto de la oposición, entre otros temas.

Se expedirán, entonces, mas retazos para la colcha, porque ni el gobierno, ni los partidos, ni el Congreso tienen claro que lo que se necesita es un nuevo y completo ordenamiento político-constitucional, que tenga el mínimo de unidad y coherencia que debe caracterizar a toda Constitución, y que para lograrlo es necesario una gran reforma constitucional, comparable con las que se expidieron en 1910, 1936, 1945 y 1968 con resultados conocidos. Tampoco tienen claro que esa gran reforma debe ser producto de un acuerdo sobre lo fundamental, porque lo que se necesita son nuevas reglas de juego para acceder al poder, ejercerlo y controlarlo, asunto que por su importancia exige el mayor consenso posible, pues no puede ser imposición de unas fuerzas políticas sobre otras, ni resultado de mayorías pasajeras que se alimenten con burocracia y mermelada.