Del harakiri individual al harakiri colectivo

Andrés Flórez Villegas Socio de Esguerra Barrera Arriaga Asesores Jurídicos aflorez@esguerrabarrera.com

El harakiri es una tradición japonesa en la que militares, políticos, empresarios y personas de todas las profesiones, avergonzados por fracasos o acciones que, creían, los deshonraban, se suicidaban en una ceremonia sangrienta.

En el harakiri el suicida se pone un traje especial de color blanco, se amarra en la cabeza un pañuelo, se sienta sobre sus talones y se clava su puñal de abajo a arriba, y luego de sangrar busca una segunda incisión cruzada sobre la primera.

En la cultura japonesa, el honor lo es todo. Una persona que no cumple su palabra o no atiende a cabalidad sus deberes no tiene honor, no vale nada. Por eso el harakiri es un último acto que busca reivindicar el honor perdido, realizando un acto extremo.

En occidente, donde la idea del honor es distinta, las personas no se suicidan para mostrar su vergüenza ante las equivocaciones. Existe, sin embargo, una cultura en virtud de la cual quienes se equivocan, así sea levemente, deben asumir las consecuencias.

Una expresión occidental del harakiri es la responsabilidad política. En nuestros países los funcionarios  dan un paso al costado cuando se han equivocado e incluso cuando han actuado de buena fe pero se han producido daños a personas en el sector que estaba bajo su cuidado.

Bien entendida la responsabilidad política, la renuncia no es un reconocimiento del error, sino una expresión del honor mismo, de la vergüenza. Se renuncia para reconocer que debe primar el bien general. Se da un paso al costado para que las instituciones sigan adelante, que es lo que le interesa a la sociedad. Y se renuncia, por sobre todo, para no causar más daños quedándose, al margen de la responsabilidad penal o disciplinaria que puede ser incluso inexistente.

En Colombia la inmolación nipona no existe –estamos lejos de tener tanta vergüenza– y la responsabilidad política cada vez es más escasa. Lo que hemos logrado construir, en cambio de lo anterior, es una especie de harakiri colectivo, en lugar de que los involucrados asuman su responsabilidad política.

Es un harakiri colectivo porque en aras de preservar los derechos de esos funcionarios,  se sacrifican los intereses de toda la sociedad.

En efecto, algunos de nuestros funcionarios, en lugar de dar un paso al costado, optan por hacer prevalecer sus derechos individuales, en lugar de sopesar el daño a la comunidad. Que todo el mundo se friegue, al garete el interés general, porque por encima de todo están mis derechos. Yo me atornillo es –desafortunadamente– un mantra extendido.

Un par de ejemplos ilustran la cuestión:

Poco o nada ha pasado un mes después de que un abogado denunciara que un magistrado le exigió coimas y de que varios de sus compañeros lo eligieran presidente de la corporación a sabiendas de la denuncia. Yo me quedo, porque tengo la presunción de inocencia a mi favor. Que la sociedad sufra por ello, no me importa.

De otra parte, el Gobierno acaba de anunciarnos que un alto servidor se irá a cumplir una suspensión impuesta como sanción por haber omitido cumplir sus funciones, pero que volverá a su cargo apenas cumpla la pena. ¿Qué pasará con las funciones a cargo de la entidad, que es lo que interesa a todos? Estarán en manos de un encargado. Yo me quedo, porque tengo una hoja de vida intachable. Que la entidad se quede en interinidad es secundario.

Se les olvida a nuestros funcionarios que el Diccionario de la Real Academia Espan~ola señala que el honor es la cualidad “que lleva al cumplimiento de los propios deberes respecto del prójimo y de uno mismo”. Tal parece que en Colombia la definición de honor la aplican algunos funcionarios alterando el orden de la misma: primero uno mismo, luego el prójimo.