Dar marcha atrás

Cristina Castro cristinacastrop@gmail.com

Pocas propuestas son tan contrarias al desarrollo como penalizar el aborto en todas las circunstancias. En el mundo, solo cuatro países mantienen esa prohibición a ultranza. Por eso, reformar la constitución para consagrar que la vida sea inviolable desde la fecundación no solo es una propuesta jurídicamente cuestionable sino fácticamente inconveniente.

La discusión que revive el Partido Conservador en otros hemisferios dejó de ser de este tiempo. El 40 por ciento de la población mundial vive en países en donde el aborto es permitido. La penalización es un fenómeno del mundo en desarrollo. Basta ver un mapa mundial de esa normatividad para comprenderlo. Mientras en el norte es legal en casi cualquier circunstancia, en el sur lo que priman son las restricciones. Eso no explica por qué América Latina y África tienen los índices más altos de abortos, pero sí da muchas señales.

Y la razón es sencilla. Como dice Juan Manuel Charry, en el libro Guía del Aborto No Punible, que publicamos con Legis, “La penalización del aborto no es el instrumento más idóneo para la tutela de la vida humana”.  Y si no lo es para preservar la vida del feto, tampoco para la de la madre. De hecho, según el ministerio de Protección Social antes de 2006, cuando la Corte despenalizó el aborto parcialmente, el aborto inseguro era la segunda causa de muerte materna en Colombia.

El proyecto puede no pasar en el Congreso, pero que el debate gire en torno a esa propuesta le causa un enorme daño al país.  El problema en Colombia no es la despenalización en esas tres circunstancias en la que su justificación es obvia: la violación, la inviabilidad del feto y el peligro para la vida de la madre. Lo que es grave es que después de 5 años de la sentencia de la Corte Constitucional no existan medidas efectivas, diferentes a la tutela, para hacerla realidad.

Luego de que el Consejo de Estado suspendió la aplicación de los decretos en los que el ministerio de Protección Social reglaba el tema y ante la confusión que ha generado la Procuraduria, de lo que está en mora el Congreso es de reglamentar la sentencia de la Corte con todas las de la ley.