Crisis del gobierno institucional o corporativo

Ricardo Vásquez Bernal Cp-Magíster Economía y Finanzas. Socio Director de Consultoría Baker Tilly rvasquez@bakertilly.co

Pregunta: ¿Qué tienen en común la crisis de Saludcoop en el sector salud, la crisis de Interbolsa en el sector financiero, la crisis de la Universidad San Martín en el sector de la educación y ahora, la crisis de la Corte Constitucional en el sector gubernamental? Respuesta: Profundas falencias de integridad y ética que demuestran la fragilidad de estructuras, relacionamientos, modelos de aseguramiento y falta de trasparencia que descalifican la esencia de los principios mínimos de un gobierno institucional o corporativo.

No existen modelos de gobierno que permitan eliminar actos de corrupción, falta de integridad y ética, impactos de los conflictos de interés, malos manejos o intervenciones irregulares en los que prima el interés particular. Sin embargo, son grandes los esfuerzos desde los principios de gobierno corporativo, la gestión de riesgos, y el aseguramiento de procesos y controles –por citar algunos– para detectar, advertir y manejar situaciones irregulares. De hecho, esta ha sido la historia de las grandes crisis institucionales: la falta de integridad.

Los principios de gobierno corporativo, si bien son marcos que establecen las bases mínimas de gobierno de una entidad de interés público y no son una regulación obligatoria en Colombia, por lo menos para entidades que no cotizan en mercados de valores, sí son un buen referente para analizar su esencia y filosofía frente al compromiso de la viabilidad institucional. Se considera que deben haber cuatro partes de interés en la institución: los que reciben el beneficio del servicio institucional (partes interesadas), los que gobiernan y establecen directrices (consejo de directores), los que ejecutan y administran los recursos y procesos (empleados y ejecutivos), los que monitorean y supervisan los resultados (auditores y control). Esta estructura, cuando cumple con las condiciones requeridas de independencia, debe permitir un marco de operación bajo cánones de transparencia en las decisiones, eficiencia en los resultados y generación de valor económico y social para los agentes y terceros vinculados.

En otras palabras, se trata de aplicar el “abc del gobierno corporativo”: la separación de las funciones del gobierno, de la gestión y del aseguramiento. Cuando el agente que gobierna una orientación o decisión es el mismo que gestiona y evalúa la información, los procedimientos y los recursos aplicados, y no se mantiene un cuerpo de aseguramiento independiente, es posible diseñar, estructurar, desarrollar y presentar una operación o un resultado, de manera imprecisa, inexacta e irregular para engañar. Todos los casos de crisis de gobierno comentados, acudiendo a los informes de prensa, están manchados por circunstancias como estas.

La responsabilidad del consejo directivo institucional (gobierno corporativo) es un tópico vital, por cuanto de él depende la revisión y orientación de la estrategia y resultados, la definición de políticas de riesgo, la supervisión de la integridad de la información y la disponibilidad de sistemas de control. Esta es la razón por la cual se requiere de un equipo con condiciones de independencia, capacidad profesional y por sobre todo, solvencia moral. Los estatutos que desarrollan códigos de ética, códigos de buen gobierno, códigos disciplinarios y manuales de procedimientos no son más que eso –protocolos–, si no se convierten en pilares de la cultura organizacional.

La reglamentación propuesta por el Código País, la cual establece las mejores prácticas para el gobierno corporativo, una vez adoptada por las entidades que cotizan en los mercados de valores, es un avance importante que establece derechos y trato equitativo con los accionistas, responsabilidades de las asambleas y órganos de gobierno –junta directiva–, arquitectura de control y transparencia de la información. Es un marco que decanta la identidad, responsabilidad y accountability de los agentes con intereses involucrados en una institución. Sin embargo, parece ser necesario repensar estrategias que permitan consolidar ambientes que orienten gobiernos honorables, responsables y efectivos.

La primera será considerar si las prácticas de gobierno corporativo solo son viables para empresas de interés público con ahorradores e inversionistas, o deben incorporarse empresas que no siendo de interés público sí son de interés social, como son algunos de los casos comentados en salud, educación y justicia, haciendo los ajustes y resguardos requeridos, por supuesto. La segunda será considerar la obligación de que apliquen prácticas de gobierno, riesgo y cumplimiento (GRC), para preservar y asegurar la sostenibilidad institucional. Estas normas requerirán la independencia y limitación de las funciones de gobierno, gestión y aseguramiento. La tercera se basará en potenciar las actividades de gestión de riesgos, controles y auditorías para identificar y detectar circunstancias adversas; y una última puede ser potenciar la rendición de cuentas, incondicional y frecuente, de las acciones y gestiones, ante terceros.