Constitucionalismo abusivo en Ecuador

Carlos Bernal Pulido

Los golpes de Estado son moda de otro tiempo. No obstante, la democracia sigue siendo una quimera en algunos países de América Latina. Los autócratas de hoy camuflan su despotismo tras el ejercicio de competencias constitucionales.

Una de las estrategias actuales más ominosas de esta tendencia de despotismo constitucional es el abuso del poder de reforma de la Constitución. El chavismo en Venezuela y el Fidesz en Hungría representan casos paradigmáticos de esta tendencia autoritaria. Al ritmo de modificaciones constitucionales tramitadas con toda licitud, estos movimientos consiguieron socavar la democracia y el Estado de derecho para establecer marcos institucionales que les permitieran perpetuarse en el poder, desligarse de controles jurídicos y políticos y asumir ascendencia sobre el legislador y los jueces.

Algo similar acontece ahora en Ecuador. Alianza País, el partido político liderado por el presidente Rafael Correa, está modificando por vía parlamentaria el artículo 144 de la Constitución, a fin de posibilitar la reelección presidencial indefinida. Esta modificación desnaturaliza la Constitución, porque menoscaba cinco elementos esenciales: la igualdad, los derechos de participación política de las minorías, los principios de Estado de derecho y separación de poderes y la democracia deliberativa.

La posibilidad de reelección sitúa al Presidente en una condición de superioridad manifiesta para la contienda electoral frente a los candidatos de la oposición; lo exime de cumplir su programa de gobierno en el término previsto; introduce en la Constitución una norma jurídica singular o de caso único cuya finalidad es permitir a Correa aspirar a quedarse en el poder; hace posible que el jefe del Ejecutivo termine nominando a varios altos funcionarios de otras ramas del Poder Público, que deben controlar o fiscalizar el ejercicio del gobierno, y anula las posibilidades de alternancia democrática efectiva y deliberación política plural.

Sin embargo, a diferencia de lo ocurrido en Colombia, la Corte Constitucional autorizó al Poder Legislativo para tramitar esta reforma constitucional. La Corte sostuvo que limitar la reelección presidencial implica discriminar al Presidente actual y a sus votantes. La reforma buscaría eliminar esta discriminación.

Robert Alexy sostiene que las cortes constitucionales ostentan una representación argumentativa de los ciudadanos. A diferencia de los políticos, los jueces constitucionales no deben decidir con base en razones de oportunidad, sino en argumentos jurídicos plausibles. En su dictamen, la Corte ecuatoriana claudicó a esta responsabilidad y allana el camino para el constitucionalismo abusivo.