¿Cómo atacar el populismo punitivo?

Omar Eduardo Gil Ordóñez

Director División Derecho Penal Centro de Servicios y Asesorías CENSEA S.A.S.

oego69@hotmail.com

@oego69

A propósito del debate que nuevamente se agitará este año respecto a la conveniencia de implementar en nuestro país la cadena perpetua para los abusadores de niños, en recientes declaraciones, el ministro de Justicia y del Derecho, Yesid Reyes, afirmó que la cartera a su cargo trabajará por frenar el populismo punitivo, y eso está muy bien.

Razón tiene Reyes al sostener que aquí se tiende a “solucionar los conflictos sociales mediante la utilización directa del sistema penal, renunciando a explorar formas distintas de conseguirlo”[1]. Es conocido por todos que como respuesta a cualquier dificultad en lo que debe ser la convivencia pacífica de los habitantes del territorio nacional, en lo primero que se piensa es en tipificar nuevas conductas como punibles, aumentar penas o reducir o eliminar beneficios para las personas procesadas y condenadas.

Parece ser que, entre quienes les compete hacer las leyes, pocos saben o entienden que el Derecho Penal debe ser la última ratio o último mecanismo de control social. Es desconocido o incomprendido para nuestros legisladores aquello del derecho penal mínimo, y quizás no logren entender las implicaciones de querer solucionar todas las dificultades de la sociedad mediante la creación de nuevos delitos.

Frente al serio problema del populismo punitivo, que en buena parte se genera en el Congreso de la República, sería prudente que, como una de las formas de atacar este equivocado proceder, se capacite en la materia a quienes crean las leyes, que se les explique y trate de hacerles entender que el Derecho Penal y la cárcel no deben ser la solución para todos los problemas del país.

Pero como a veces puede mucho más la necesidad o el deseo de congraciarse con los electores y la comunidad en general, resultará necesaria una férrea posición del poder Ejecutivo para que, haciendo buen uso de las mayorías parlamentarias, se pueda frenar el populismo punitivo. Indudablemente, en esto y para esto, se requerirá una decidida política, que sea permanente y no circunstancial, conforme a los intereses del gobierno de turno.

También será trascendente que la Procuraduría, con el temor que como organismo de control genera en los inquilinos del Capitolio Nacional, pida ser escuchada en el trámite legislativo de nuevas normas penales, para que, en defensa de los intereses de la sociedad, función que le corresponde conforme al mandato contenido en el artículo 277.3 de la Constitución Nacional, coadyuve en el loable propósito de poner freno al populismo punitivo.

Si senadores y representantes no llegaren a asimilar o no les importare comprender que es errado pretender dar pronta y efectiva solución a todos los conflictos de naturaleza social mediante la utilización del Derecho Penal, con la consagración normativa de nuevas conductas punibles, se debería estudiar, con toda la seriedad que amerita el asunto, la conveniencia de establecer los mecanismos legales para que toda modificación normativa en materia penal, procesal penal y penitenciaria o ejecutiva de la sanción pase siempre, de manera obligatoria, expedita y previa a su tránsito por el Congreso, por una comisión de expertos entre quienes se cuente a exmagistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte Constitucional y a distinguidos académicos penalistas, para que, con su sapiencia, den el primer paso para evitar el tan nocivo populismo punitivo.

Ojalá el cometido del ministro Reyes, que busca detener el populismo punitivo, no sea una de tantas quimeras a las que nos estamos acostumbrando en este país del Sagrado Corazón de Jesús, donde todo pasa y finalmente nada pasa.

[1] Periódico El Tiempo, pág. 16, edición del 19 de enero de 2015.