Clínicas jurídicas, espacios para mejorar la formación en Derecho

 

Alba Liliana Silva de Roa

Presidenta de la Asociación Colombiana de Facultades de Derecho (Acofade)

 

Han pasado 83 años desde que Jerome Frank[1], en su artículo titulado Why Not a Clinical Lawyer - School, dejó en evidencia la necesidad de un aprendizaje del Derecho similar al que se imparte a los estudiantes de Medicina. Cuestionó la forma en la que los estudiantes se marginaban de conocer casos jurídicos reales, durante su proceso de aprendizaje, lo cual solo acontecía una vez terminaban sus estudios universitarios.

 

Al mismo tiempo, Frank propuso tener en cuenta el aprendizaje de los profesionales de la salud, que no se limitaba solo a los textos, sino que durante el curso de su carrera, los estudiantes de Medicina de aquella época acudían a centros de atención, para que, mediante la revisión de casos reales, con pacientes reales, aplicaran el conocimiento adquirido, al tiempo que, guiados por expertos, aprendían en la medida en que resolvían los problemas de salud de sus pacientes. 

 

Con el presente texto, pretendo explicar que las críticas y propuestas de Frank respecto del aprendizaje del Derecho están más vigentes que nunca y que la propuesta de un aprendizaje legal clínico como herramienta para mejorar la calidad de la educación jurídica en Colombia puede resultar exitosa, especialmente si las facultades de Derecho procuran una educación que tenga incidencia en el contexto socioeconómico en el que se forma el estudiante y pretenda fortalecer las destrezas en el ejercicio del litigio de alto impacto y la investigación sociojurídica.

 

Problemas reales

 

Conforme a lo anterior, las clínicas jurídicas surgen como un espacio en el que el estudiante de Derecho se enfrenta a problemas reales, a la par que va poniendo a prueba sus conocimientos para resolver los mismos. Por esto, son una apuesta para aprender y ejercer el Derecho. Este espacio de aprendizaje es monitoreado por un tutor, quien está al tanto de las actuaciones del estudiante o grupo de estudiantes, para garantizar la calidad de aquellas.

 

Las clínicas jurídicas se han vinculado estrechamente al contexto socioeconómico, por lo que han servido en EE UU y en América Latina como instrumentos eficaces en la reivindicación de derechos. En EE UU, las clínicas jurídicas de las universidades han intervenido para proteger el derecho a la vida de personas injustamente condenadas a muerte, ya que han demostrado que en los procesos judiciales se vulneraron derechos como el debido proceso, la defensa y el principio de inocencia.

 

Entre tanto, en América Latina, las clínicas jurídicas han logrado cesar la amenaza o vulneración de derechos de grupos en estados de vulnerabilidad: personas en situación de discapacidad, minorías étnicas, personas de escasos recursos económicos, víctimas, etc. Igualmente, han logrado la protección de derechos colectivos como el medio ambiente, los recursos naturales y la salubridad pública (L. 472/98).

 

En virtud de las acciones adelantadas por las clínicas jurídicas, para asumir el conocimiento de los casos, estas se convierten también en espacios propicios para la investigación socio jurídica, en la medida en que para la preparación de los casos, se debe acudir a métodos científicos de recolección de información, los cuales son insumos potenciales para investigaciones académicas.

 

Es así como, en Colombia, las clínicas jurídicas son de interés público, actúan con una perspectiva en derechos humanos y son un espacio de investigación académica.

 

La relación con consultorios jurídicos

 

Los consultorios jurídicos de las universidades surgieron como la propuesta de brindar la oportunidad a personas de escasos recursos económicos de recibir atención jurídica gratuita a sus problemas.

 

Sin embargo, los estudiantes y docentes vinculados a los mismos prestan una atención que se limita a la consulta individual, a la redacción de un mecanismo de protección o memorial o al acompañamiento en un proceso judicial. Lo anterior puede implicar una fuerte limitación al momento de abordar problemas jurídicos complejos, que involucran el interés público, los cuales requieren de medidas y actuaciones adicionales a las anteriormente mencionadas, para resolver de manera efectiva el conflicto.

 

Los problemas que involucran el interés público, generalmente, son tan complejos que requieren de una discusión en grupo, interdisciplinaria y de medidas no solo judiciales o prejudiciales, lo que ocasiona que, en algunas oportunidades, los profesionales del Derecho educados en una escuela formalista no logren identificar estos como problemas que deba abordar un abogado, cuando en realidad es todo lo contrario. Es aquí en donde la educación clínica tiene su mayor ganancia, ya que complementa el aprendizaje y el ejercicio del Derecho del estudiante de los consultorios jurídicos. Las clínicas preparan a los estudiantes para ejercer lo que Richard Wilson ha denominado “litigio de alto impacto”.

 

En efecto, el litigio de alto impacto es “la estrategia de seleccionar y promover el litigio de ciertos casos que permitan lograr un efecto significativo en las políticas públicas, la legislación y la sociedad civil de un Estado o región. Al mismo tiempo, (…) promueve el imperio del derecho, provee las bases para futuros casos, facilita la documentación de violaciones de derechos humanos, promueve la rendición de cuentas por partes del Gobierno y contribuye a la educación y conciencia social” (WCL, 2007). 

 

A través del litigio de alto impacto, los estudiantes de Derecho fortalecen sus competencias para trabajar en equipo, proponer soluciones que pueden darse desde otras disciplinas, empoderar a las comunidades frente a sus derechos y preparar casos complejos que no solo admiten una respuesta judicial, sino que también admiten críticas y propuestas de lo legislativo, desde lo económico y social.

 

También se fortalecen las competencias de los estudiantes encaminadas a buscar aliados para que su causa sea exitosa, por lo que lo obliga a moverse en campos como la comunicación, la utilización de redes, etc. Igualmente, los estudiantes y docentes fortalecen sus capacidades investigativas, ya que son espacios en los que necesariamente se acude a herramientas de investigación sociojurídica, que arroja resultados que, en muchos casos, amerita publicar.

 

En el caso concreto de la Universidad de San Buenaventura, Seccional Cali, la cual tiene un perfil ligado hacia la proyección social, la Clínica Jurídica logra insertarse de manera coherente con sus propósitos, pues, por un lado, se convierte en un instrumento eficaz para lograr la articulación entre la comunidad, las instituciones públicas y la universidad, al tiempo que se logra que los estudiantes fortalezcan sus competencias en el ejercicio del litigio de alto impacto. Y, por el otro lado, ha permitido la creación de un semillero de investigación con resultados que permiten la discusión y reflexión académicas.

 

Hace 83 años, Jerome Frank propuso la idea de una clínica para el aprendizaje de los estudiantes de Derecho y su idea sigue más vigente que nunca.