‘Charlie Hebdo’: no solo los islamistas amenazan la libertad de expresión

Daniel Raisbeck

En Occidente, es palpable el peligro para la libertad de expresión que representan islamistas como aquellos que perpetraron la masacre de los periodistas y caricaturistas de la revista satírica Charlie Hebdo, ocurrida en París. Mucho más sutil es la manera en que los propios medios de comunicación occidentales y algunos políticos y jueces han socavado la libertad de prensa y de expresión durante años.

En el caso de los grandes medios, en países como Gran Bretaña, Alemania e inclusive Francia, se ha establecido una autocensura basada en la premisa de lo “políticamente correcto”, la noción de que ciertas ideas y conceptos que podrían resultar ofensivos para ciertos grupos no deben ser expresados públicamente. En Inglaterra, por ejemplo, ninguno de los periódicos principales publicó las caricaturas de Charlie Hebdo relacionadas con el profeta Mahoma, ni antes, ni después de los ataques a la revista.

En Francia, Charlie Hebdo inicialmente llamó la atención de los islamistas, por ser la única revista del país que publicó los dibujos de Mahoma que aparecieron en Jyllands-Posten, un periódico danés, en el 2005. Los demás medios impresos franceses decidieron no publicar las imágenes, para evitar ofender a los musulmanes y, particularmente, para no herir las sensibilidades de los sectores violentos del Islam.

Tal autocensura se ve reflejada en la legislación en contra del “discurso del odio” que han introducido varios países occidentales. El caso en contra del periodista y escritor canadiense Mark Steyn resulta ejemplar. En el 2008, el presidente del Congreso Islámico Canadiense, Mohamed Elmasry, presentó una demanda en contra de Steyn y la revista Maclean’s por la publicación de un artículo titulado “El futuro pertenece al Islam”, el cual argumenta que los pilares de las democracias occidentales –entre ellos la libertad de prensa– se ven amenazados por el surgimiento de inmigrantes provenientes de países islámicos.

Según los demandantes, el artículo de Steyn “discrimina a los musulmanes en base a su religión y los expone al odio y al desdén”. El caso fue aceptado por el Tribunal de Derechos Humanos de Columbia Británica y por la Comisión de Derechos Humanos de Canadá. Según el New York Times, los demandantes pretendían que a Maclean’s se le prohibiera publicar artículos similares, y que se le obligara a hacer una rectificación pública y a compensar a los musulmanes en general por haber vulnerado “su dignidad, sus sentimientos y su respeto por sí mismos”.

Aunque los demandantes perdieron el caso, el hecho de que este hubiera llegado a las cortes abrió la posibilidad de que el Estado canadiense penalizara la publicación de un escrito de opinión; en esencia una interpretación libre de una serie de estadísticas y de hechos históricos. Como explicó Steyn, el caso en su contra se basó no en hechos, sino únicamente en los sentimientos de ciertas personas.

También relevante es la demanda presentada por la Gran Mezquita de París y la Unión de Organizaciones Islámicas Francesas, en el 2006, en contra de Philippe Val, entonces editor de Charlie Hebdo. El supuesto crimen de Val fue publicar las caricaturas de Mahoma del Jyllands-Posten. Los demandantes pretendían que el editor fuera procesado bajo los términos de la ley francesa, la cual multa con 22.500 euros y seis meses de cárcel a quien insulte a una persona por su religión, raza, etnia, origen, sexo, orientación sexual o incapacidad.

Aunque Val ganó el caso, es evidente que las leyes en contra del discurso del odio pueden tener consecuencias imprevistas negativas y hasta sangrientas. Como argumenta Jacob Sullum, de la revista Reason, no sorprende que ciertas personas, considerando que el Estado no las ha protegido adecuadamente del insulto, decidan hacer valer el espíritu de las leyes por medios extralegales.

Resulta alarmante pensar que, bajo la legislación actual en los países occidentales que lideraron la Ilustración, el escritor francés Voltaire (1694-1778) podría ser procesado criminalmente por presentar a Mahoma como un impostor que conduce a las mentes débiles al exceso, o por describir al cristianismo como “la religión más ridícula, más absurda y más sangrienta que jamás ha infectado el mundo”.

Inclusive en Colombia, algún demandante ofendido por los comentarios impíos de Voltaire podría pretender que el Estado encarcelara al autor bajo los términos de la ley anti-discriminación del 2011.