Caso cerrado (los atentados del 11-M)

Cristina Castro cristinacastrop@gmail.com

Ahora que se vive una intensa controversia por los fallos penales relacionados con episodios de violencia que marcaron al país, vale la pena reseñar cómo se está tratando el tema en otras latitudes. Siempre existirá el difícil dilema de enfrentarse a la verdad judicial y a la verdad histórica. Y lo cierto es que definir hacia cuál de las dos se debe apuntar no es una tarea fácil en ningún lugar del mundo.

Esa reflexión tiene divida a España por cuenta de los crímenes del 11 de Marzo (11-M). Como se recordará, hace ocho años Madrid fue el escenario de lo que se ha considerado el peor atentado en Europa. Diez explosiones consecutivas en las estaciones de tren de la capital, a la hora pico de la mañana, dejaron un escandaloso saldo de 191 personas fallecidas y 1.858 heridas.

Para juzgar esos crímenes, el Estado montó todo un aparato de justicia. En el caso participaron 26 abogados, 650 testigos, 98 peritos, 4 fiscales especializados y 3 magistrados. Se calcula que el costo de ese andamiaje fue de más de tres millones de euros. La investigación duró tres años, en los que muchos de estos funcionarios se dedicaron exclusivamente al 11-M. Finalmente, en el 2007, fueron condenadas más de 20 personas, y las penas para los autores llegaron hasta los 42.917 años de prisión.

La sentencia, sin embargo, produjo muchos descontentos. Fue apelada y confirmada por el Tribunal Supremo de ese país en el 2008. Pero el debate está lejos de cerrarse. Algunos medios y los grupos de víctimas consideran que esta no resuelve la verdad de lo que allí sucedió. Entre otras, por responsabilizar exclusivamente a los grupos extremistas islámicos, pues aseguran que podría existir también una relación con ETA.

A estas nuevas versiones se les ha denominado la Teoría de la Conspiración. Han hecho tanto ruido que hace apenas unas semanas el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, aseguró que se trata de un “caso cerrado” y que el fallo es “incontestable”, como reseñó el diario El País. Agregó que sobre los atentados ya “hay una verdad jurídica”. Lo que muchos se preguntan hoy es hasta dónde esa verdad sea suficiente.