Columnistas
Auditoría externa y gestión de riesgos
11 de Abril de 2011
Ricardo Vásquez Bernal Magíster en Economía y Finanzas Socio de Baker Tilly Colombia Consulting* rvasquez@bakertillycolombia.com
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Fenalco Atlántico realizó una encuesta sobre preparación de las empresas Pymes de esa región para la aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) que me llamó mucho la atención, porque pone en evidencia el problema que se viene generando en el proceso y el contenido de la formación que se está dando sobre el tema.
La encuesta precisa que más del 73 % de las empresas conoce las implicaciones legales de la no aplicación del marco normativo en las fechas establecidas, por un lado, y por el otro, que cerca del 59 % de las empresas han iniciado algún programa de capacitación sobre NIIF. Lo que resulta impactante es que el 82 % de las empresas encuestadas consideró que la capacitación recibida resulta insuficiente para ejecutar el proceso de implementación. Las preguntas a seguir serían: ¿cuál es el origen del problema?, ¿qué tiempo de capacitación es insuficiente? y ¿qué programas son los que no cumplen con un plan de cobertura y sustancialidad?
Mi respuesta a estas cuestiones, sin temor a equivocarme, es que se está formando en conocimientos, pero no en competencias. Esto significa que el instructor explica cómo es la regulación, pero no cómo, cuándo y dónde debe aplicarse. La norma internacional, como cualquier otra regulación, enuncia una serie de condiciones, técnicas, métodos de valoración, modelos de estimación y criterios que deben aplicarse bajo principios que exigen bases adecuadas para emitir un juicio de valor. Resulta entonces que cuando el instruido va a su empresa, no tiene claro cómo se define una política y cuáles son los elementos que implican un impacto de relevancia en la organización y, mucho menos, cómo empezar.
El énfasis en conocimiento le ayuda al instruido a establecer, por ejemplo, cómo evaluar –y con algún grado de dificultad–, si una cartera de crédito está deteriorada o no. El énfasis en competencias le permitiría establecer, más que lo visto, las nuevas definiciones que, en materia de políticas de crédito, deben aplicarse para evitar asumir potenciales costos de refinanciación futura.
Recuerdo mucho, en este punto, los resultados del examen practicado al grupo de estudiantes de colegios para habilitar las pruebas de la OCDE. Colombia calificó en el último lugar, al paso que los países asiáticos obtuvieron los primeros lugares. En algún medio escrito se planteó, como referencia a esta debacle, que mientras un estudiante colombiano está habilitado para explicar las causas de la sequía en el Casanare, un estudiante asiático podría formular las estrategias para eliminar la escasez de agua.
Otro asunto no menos relevante en materia de las falencias de formación en normas internacionales de reporte financiero, es que el instruido no sabe cómo proceder, por cuanto la norma no establece la metodología, el paso y menos las acciones que deben ser acometidas para ir decantando los temas críticos, definir las resoluciones posibles frente a un tema en particular, y establecer las estrategias que debe implementar la empresa.
El riesgo que se corre es que la falencia de competencia del personal encargado puede traducirse en importantes costos de tecnología, recursos innecesarios, cambios de estructuras organizacionales y reasignación de responsabilidades funcionales, que seguramente no se precisan y que suelen ser superiores a los beneficios, porque pretenden dar una aplicación literal, pero no consecuente con el modelo de negocio. Se pretende dar aplicación estricta a la regulación, pero sin advertir que su espíritu es revelar la realidad económica. De antemano, es curioso advertir que la premisa fundamental de los estándares es, justamente, considerar que los costos asumidos de la generación de un reporte no deben superar los beneficios que pueden desprenderse para el usuario.
Para contribuir a establecer, de manera práctica, el carácter y sentido de una metodología y de los principios y orientaciones que deben remarcar los juicios de valor sobre el modelo de negocio, será necesario que la empresa tome en cuenta algunas premisas o conceptos vitales: a) identificar cómo es su modelo de negocio, tomando en consideración el curso normal de las operaciones –corto plazo–; b) establecer la naturaleza y recuperabilidad de sus recursos y obligaciones, para determinar los marcos técnicos aplicables y los aspectos que pueden ser de resultados más relevantes; c) definir las políticas aplicables para los temas en cuestión y las divergencias frente a las metodologías y bases usadas frente a las normas locales; d) identificar los ajustes que puedan ser requeridos para sostener la tecnología y los procesos funcionales, y e) formular un plan director con las acciones y tareas que deben ser aplicadas.
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