Ataques con ácido

Francisco Bernate Ochoa

Coordinador del Área de Derecho Penal de la Universidad del Rosario

Twitter: @fbernate

La situación actual de Colombia no puede ser peor. Y así como todos tenemos una cuota de responsabilidad en ella, la verdad es que el estado actual del Derecho en nuestro país es, quizá, el mayor responsable, y las soluciones no parecen encontrarse de manera fácil.

Por una parte, el Estado, como motor del desarrollo económico a través de la infraestructura, ha fracasado. A diferencia de las grandes vías que encontramos en países vecinos como Ecuador o Venezuela, nosotros tenemos que desplazarnos por carreteras o aeropuertos de los años 50, que no permiten una dinamización real de la economía. Las causas: la corrupción; la desfachatez de apoderados representantes de contratistas, que encuentran en la renegociación de las condiciones contractuales un espacio para hacer efectivas las comisiones de éxito; el temor de todos los intervinientes en una obra, que son incapaces de firmar cualquier documento, “porque nos cae la Contraloría, la Fiscalía, la Procuraduría o, mejor aún, las tres al tiempo”, y, por sobre todo, el hecho de que todo colombiano bien sabe que hoy, aun cuando actúe conforme a las normas legales existentes, puede ser declarado responsable fiscal, penal, comercial o disciplinariamente, y su vida terminada. Nadie firma nada, nadie ejecuta nada, por puro temor. Todos estamos muertos del susto.

Por otra parte, las relaciones económicas entre los particulares requieren de un mínimo de certeza sobre el devenir y la manera en que eventuales conflictos entre las partes serán resueltos. La ciudadanía recién comienza a ver lo que quienes trasegamos a diario por el Derecho observamos día a día. En Colombia, no se sabe qué puede pasar, y si bien todos sabemos cómo inicia un proceso, nadie sabe cómo va a terminar. Constructores que podrían adquirir un lote para iniciar una obra creando empleo y dinamizando la economía, hoy no saben si el predio que adquirieron para darle un uso determinado podrá mantenerse con la misma destinación al año siguiente, ante la inestabilidad de la regulación vigente.

Ante la ineficacia de un aparato de justicia totalmente estancado, ya nadie teme a una demanda. Todos saben que aquí los plazos siempre son prorrogables; las condiciones, discutibles; los procesos, eternos, y las soluciones definitivas, utópicas. No hay un estímulo real para actuar conforme a la legislación, y todos sabemos que aquí nunca pasa nada. 

Ante la necesidad de sentir la presencia de la justicia y la fuerza de la ley, vivimos entre funcionarios más preocupados por su propia figuración en los medios de comunicación, que por impartir justicia. Vivimos una época de arbitrariedad, donde lo importante es el castigo ejemplar. La imagen del funcionario de hierro e incorruptible se ha convertido en el anhelo de todo aquel que tiene facultades sancionatorias, en las que la defensa del ciudadano de a pie resulta sumamente compleja, donde los colombianos nos hemos convertido en una cifra más a la hora de llenar las estadísticas de infractores condenados. Inocentes o culpables, allá terminaremos todos. 

El Ministerio de Educación es otro gran responsable en esta situación, al permitir que en cada esquina de nuestro país se abran a diario facultades de Derecho, sin tener en cuenta la responsabilidad social que le es inherente a nuestra profesión. Un país con más abogados que científicos, en el que en las obras hay más abogados que ingenieros, en el que en los hospitales hay el mismo número de juristas que de médicos, en el que todo tiene que terminar en los juzgados, está condenado a vivir en esta situación que hoy nos tiene, no al borde del abismo, sino ya en el fondo del hoyo.