Antecedentes

La iniciativa gubernamental parte de reconocer logros evidentes y asumir problemas crecientes en el sistema de seguridad social en salud.

Entre los primeros quizá el más evidente es el relacionado con haber alcanzado niveles próximos a la universalidad de la cobertura en el aseguramiento en salud. El acceso a los servicios de salud mejoró especialmente para los más pobres, favoreciéndose la equidad y la reducción de los gastos de bolsillo.

No obstante se han dejado ver problemas en la salud pública, dificultades financieras –asociadas principalmente a la operatividad de la arquitectura del sistema–, problemas de calidad y de oportunidad en el servicio. La dispersión de los prestadores ha impactado desfavorablemente en la atención de los pacientes, a quienes se carga con trámites y remisiones, en tanto el crecimiento de los recobros al Estado por servicios de salud se mantiene desbordado, llegando a una cifra superior a los dos billones de pesos en el 2012.

Para enfrentar esta problemática, el Ministerio de Salud y Protección Social estructuró el proyecto de ley teniendo en mente los siguientes objetivos principales:

-                  Reducir barreras de acceso para el servicio.

-                  Garantizar mayor calidad y continuidad en los servicios de salud.

-                  Recuperar la legitimidad del sistema.

-                  Evitar la corrupción y prevenir la desviación de recursos.

-                  Mantener los logros del sistema en cuanto a protección financiera, cobertura y equidad.

Se trata pues de un proyecto articulador y bien intencionado, que pretende reformar conservando esquemas del modelo anterior, a la vez que aplica un diseño en el cual, a juicio del Ministro, caben diversas opciones de operación, sin proponerse una sola alternativa como exclusiva.

En efecto, se justifica por el Gobierno que en la propuesta caben tanto esquemas de aseguramiento como de administración, lo mismo que modalidades de seguros complementarios articulados al plan obligatorio y estrategias de gestión privadas, lo mismo que esfuerzos públicos y emprendimientos mixtos, como el impulsado recientemente a través de la creación de la entidad promotora de salud de Antioquia, con participación de la Gobernación del Departamento, la Alcaldía de Medellín y la administración de una caja de compensación familiar.

Los principios en que se basa el proyecto pueden definirse así:

-                  Transparencia y simplicidad

-                  Flexibilidad

-                  Solidaridad

-                  Territorialidad y descentralización, bajo el entendido según el cual la administración de la salud debe tener un énfasis territorial.

No se trata de un proyecto integrador de todo el ordenamiento jurídico en materia de salud, ni pretende cubrir todos los aspectos relacionados con el servicio público, pues reconoce que hay aspectos que no requieren de desarrollo legal. En efecto, se parte de considerar que materias como la regulación de la salud pública y los recursos humanos del sector han de ser desarrolladas por normas reglamentarias, a la vez que se han adoptado medidas para el saneamiento financiero y el pago de recobros, particularmente por glosas administrativas, y se espera reglamentar lo concerniente a la compra de cartera.