María Cristina Fuentes Narváez
Abogada Asociada en Miguel González Sánchez & Abogados Asociados

En mi criterio adquirido a lo largo del ejercicio de mi carrera, así como la medicina tiene la finalidad de curar las dolencias de la anatomía humana, la abogacía busca remediar los padecimientos que surgen al interior de la sociedad para resguardar los principios y fines del Estado, al igual que balancear el bienestar y la calidad de vida de quienes hacemos parte de él.

Como abogados en Colombia, enfrentamos, día a día, diversos desafíos en el ejercicio del Derecho, tales como la competencia entre firmas y/o abogados de diferentes áreas; las dificultades en el sistema de justicia, como la falta de eficiencia; la diferencia de criterios de los administradores de justica; la relación con los clientes y la necesidad constante de mantenerse actualizado y brindar el mejor servicio a los clientes. Este tipo de exigencias y situaciones diarias se deben afrontar con determinación y la convicción de que nuestro rol en la sociedad es indispensable, para anticipar o resolver conflictos, es decir, para facilitarles la vida a los demás.

Elegir la abogacía como profesión, en el marco de nuestra realización personal y profesional, no debe ser una decisión tomada a la ligera. Esta elección exige una auténtica vocación y una profunda pasión por el ejercicio jurídico. De lo contrario, se corre el riesgo de generar consecuencias negativas, tanto para quienes ejercen el Derecho sin convicción, como para aquellos que lo practican con verdadera entrega y compromiso. Por ello, considero fundamental establecer mecanismos de control y filtros rigurosos en la formación jurídica, que garanticen una práctica profesional ética, competente y comprometida con la sociedad.

Las altas cortes de nuestro país han abordado el ejercicio de la abogacía a través de la jurisprudencia, destacando su papel fundamental en la administración de justicia y en la protección de los derechos de los ciudadanos, subrayando, además, que la labor jurídica no se limita al litigio, sino que también comprende otras dimensiones, como la investigación académica, la docencia y la asesoría.

El Consejo de Estado reafirma, en sentencia del 11 de mayo de 2001[1], lo precisado por la Corte Suprema de Justicia en sentencia del 24 de noviembre de 1977, en lo referente a: “es ejercicio de la profesión toda actividad jurídica independiente o dependiente, en cargo público o privado; que esta ampliación del concepto se ajusta a un criterio más racional y lógico y comprende un desenvolvimiento intelectual de mayores beneficios para la comunidad que el limitado campo del litigio, de los procesos de las contenciones ante la jurisdicción estatal; que hay otras actividades jurídicas que por su notoriedad intelectual relevan la calidad de abogado, como son la investigación jurídica y las funciones académicas, o las de doctrinantes o tratadistas de derecho, que unidas al título de abogado corresponden a un recto ejercicio de la profesión y dan aptitud muy respetable para desempeñar un cargo superior en la Rama Judicial o en el Ministerio Público”[2].

Ser abogado va mucho más allá de portar una tarjeta profesional; implica asumir con responsabilidad el compromiso de una representación legal ética, la defensa efectiva de los derechos de los ciudadanos y la promoción de la justicia. Esta es una ocasión propicia para reconocer y agradecer la disciplina, dedicación y compromiso con los que abogados y abogadas ejercen su labor, velan por los intereses de sus representados y por la correcta aplicación del ordenamiento jurídico. Su esfuerzo y vocación son fundamentales para el fortalecimiento del Estado social de derecho y para la construcción de una sociedad más justa y equitativa en nuestro país.

¡Feliz día, colegas!

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