Luis Fernando Macías Gómez
Socio de Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU)

Antes de hablar del ejercicio del Derecho en Colombia, consideramos que sería mejor hacer referencia al ejercicio de la profesión de abogado en Colombia. En este artículo se tratará el ejercicio de la profesión de abogado en la práctica del derecho ambiental, pero, en primer lugar, se hará referencia de manera general a algunos aspectos de lo que es ser abogado en Colombia, la formación y la relación entre la estructura social, la formación de los abogados y su práctica profesional marcada por ese contexto social.

Nuestro país se ha considerado que tiene muchos abogados, sin embargo, muchas personas carecen del suficiente apoyo jurídico para resolver situaciones difíciles o bien para evitarlas.

La verdad es que, a pesar del presunto exceso de abogados en el país, la cierto es que el orden jurídico poco se respeta, son muchos los conflictos o las actuaciones que las personas en su cotidianidad, bien por desconocimiento o por mala fe, desconocen la ley. Y esto es un fenómeno extendido en todos los sectores de la sociedad y en todos los estratos sociales.

Para afirmar que existen muchos abogados tal vez se desconoce que en Colombia cualquier persona que estudie Derecho y obtenga su tarjeta profesional se califica de abogado, así no ejerza la profesión, bien sea como litigante, asesor, funcionario público, notario o profesor.

Tal vez, existen muchos graduados de abogados, pero en realidad existen pocos que ejercen la profesión, es una hipótesis que sería interesante demostrar. La ausencia de colegios de abogados que regulen la profesión a diversos niveles dificulta, tal vez, una investigación al respecto.

Si existen muchos abogados, ¿por qué hay tanto conflicto individual y tanta actuación contraria a la ley? ¿Y tanto litigio derivado justamente de la ausencia de haber intervenido previamente un abogado? Son algunas preguntas que surgen sobre el supuesto exceso de abogados en el país.

En un libro sobre la profesión jurídica en Colombia, de Mauricio García Villegas y María Adelaida Ceballos Bedoya, cuya lectura es recomendable para todo abogado o jurista, se pueden observar algunas ideas sobre el mercado de los abogados y el ejercicio profesional.

Es cierto que la profesión de abogado no es ajena a esa gran fractura social del país, al clasismo y exclusión de ciertos sectores que no pueden acceder a una educación de calidad, desde el mismo colegio hasta la universidad, de lo que el texto denomina facultades de alta y de baja calidad. Esto reproduce una práctica jurídica igualmente clasista y excluyente, pues solamente los egresados de facultades de alta calidad pueden acceder a las prácticas en grandes firmas o empresas, mientras los demás se ven obligados a organizarse en pequeñas oficinas o bien al rebusque de trabajo.

El sector público recluta abogados de ambos sectores, con lo cual se reproduce el sistema de un ejercicio profesional fragmentado, social y laboralmente. En ese sentido, la profesión de abogado no es ajena a lo que ocurre en las otras profesiones, aun cuando en algunas no es tan marcado ese fenómeno, como en los abogados. Y en las prácticas de la profesión se observan igualmente fenómenos similares, pero en algunos casos entran a jugar factores ideológicos o políticos, así como de marcadas posiciones asumidas dependiendo la práctica que se ejerza. Se llega hasta un activismo en el ejercicio de la profesión. Lo anterior sin desconocer que en algunos momentos de la historia del país ha sido peligroso ejercer la profesión de abogado por múltiples razones que no hacen parte del presente artículo.

Práctica ambiental

Acá nos centraremos a realizar algunas reflexiones en torno a la práctica del derecho ambiental por ser el área en el que nos movemos y trabajamos.

Esta práctica se caracteriza por contener un alto componente ideológico, místico y activista. En efecto, están los abogados que ejercen asesoran y representan empresas del sector privado o regulado, otros se dedican a una práctica más activista en ejercicio de la asesoría o litigio orientado a una contradicción con sectores productivos. Entre estos últimos abogados y los primeros existe naturalmente cierta rivalidad, la cual algunas veces llega a la negación del otro y a descalificaciones que no son propias del ejercicio de la profesión.

Sin embargo, existen los consultores o algunos “ambientalistas” que descalifican de entrada a quienes asesoran y representan a sectores productivos, llegando a la descalificación e incluso exclusiones de cualquier espacio de diálogo. Los califican de traidores, los rechazan, llegando a cuestionarles su asistencia a eventos organizados por sectores ambientales. Sin embargo, están atentos a solicitar apoyo a las empresas para desarrollar proyectos “ambientales”.

En otras ocasiones está la total negación del Derecho por parte de abogados de entidades públicas ambientales quienes rechazan la interposición de recursos contra las decisiones adoptadas o, incluso, la presencia de abogados en diligencias realizadas por ellas. Es la total negación de un principio elemental, como es el derecho a contar con un abogado, se niega el ius postulandi, pero lo más delicado es que desconocen el derecho de defensa y el debido proceso.

Pero por el lado regulado tampoco es ajena la indiferencia al respeto a la práctica del Derecho, se llega a considerar por parte de los mismos regulados que no es necesario contar con el apoyo y la asesoría de abogados y prefieren los aspectos técnicos, consideran el acercamiento con las autoridades la mejor forma de realizar una gestión ambiental y de esta forma se niega el derecho. Se prefiere el greenwashing antes que el Derecho. O algunos abogados de estos sectores asumen igualmente una actitud profundamente activista y confunden el ejercicio del Derecho con el apoyo irrestricto del sector al cual asesoran.

La práctica del derecho ambiental no es fácil; en ocasiones es agresiva y sometida a presiones y tensiones que exigen una gran capacidad de resiliencia del abogado, pero, sobre todo, de tolerancia hacia los otros colegas, pero especialmente la capacidad de convencer que la aplicación del Derecho es parte esencial del Estado social de derecho y la democracia.

Por otro lado, está la interpretación del Derecho en los fallos, los cuales, en ocasiones, los jueces terminan privilegiando concepciones ambientales antes que el orden jurídico y los principios del Derecho. Esto lleva a un gran dilema: ¿hasta dónde llega la protección ambiental cuando sus acciones conllevan violaciones al orden jurídico? ¿Se torna el Derecho en una ciencia más producto del voluntarismo y meramente teleológica o seguirá primando el orden jurídico? Son problemas que se presentan en la aplicación de un Derecho que oscila entre el campo ideológico, activista, místico y económico.

Esto hace que la práctica del derecho ambiental sea esencialmente estratégica, requiere gran conocimiento y experiencia del actuar de las entidades públicas, las interpretaciones de los jueces y de comprensión del cliente, quien en ocasiones prefiere alejarse del Derecho para evitar disgustos con las entidades. Pero se requiere esencialmente estar atento a que el orden jurídico prima sobre cualquier otra consideración.

Es decir que, en la práctica jurídica, se debe anteponer la condición de abogado, la dogmática jurídica, en fin, el orden jurídico sobre cualquier otra consideración, sea esta ambiental, ideológica o simplemente mística o activista.

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