Matthias Herdegen
Profesor de derecho internacional y constitucional en la Universidad de Bonn (Alemania)

En la reciente Conferencia de Seguridad de Munich (Alemania), Europa expresó su temor frente al derrumbe del orden internacional basado en reglas vinculantes, que por décadas ha sido la roca que sostiene a la comunidad de Estados.  Parece que la intervención militar de EE UU en Venezuela y las amenazas poco camufladas del presidente Trump para conseguir el control sobre Groenlandia rebosaron la copa.  La despedida sin sonrojo por parte de la Casa Blanca del derecho internacional como brújula y su sustitución por la moral personal del presidente de EE UU marca una brecha dentro del mundo occidental, el cual se autodefinía, hasta ahora, por los principios directores del derecho internacional. (Lea ANÁLISIS: El Estado frente al gobierno: ¿por qué la crisis de Venezuela no suspende el derecho internacional?)

Tanto en Venezuela como en Irán, la prioridad del gobierno de Trump no parece ser la salvaguarda de derechos humanos, sino alcanzar un “deal” con el régimen actual.  En el caso de Venezuela, los actores del derecho internacional señalan con razón la estricta prohibición del uso de la fuerza y el respeto de la soberanía territorial de los Estados extranjeros, tal y como se establece en la Carta de las Naciones Unidas. Sin embargo, surgen muchas cuestiones fundamentales. ¿Qué hay de la legitimidad de gobiernos opresivos en el derecho internacional, que tanto énfasis hace en la autodeterminación de los pueblos?

Al fin y al cabo, numerosos Estados han negado desde hace tiempo a Nicolás Maduro el estatus como primer representante de su país, debido a su tiranía y a la clara manipulación electoral. Por ello, fracasó ese gobierno con sus reclamaciones sobre el oro almacenado por el banco central en el Reino Unido. ¿Podemos ignorar la evidencia de crímenes de lesa humanidad en el seno de la OEA y las Naciones Unidas o las investigaciones pendientes o en curso ante la Corte Penal Internacional? ¿Y no acaba de recibir la líder de la oposición el Premio Nobel de la Paz? No hay duda que el candidato al que ella apoyaba, González, ganó las últimas elecciones, pero fue obligado a exiliarse.

Hasta hoy, el derecho internacional no ha resuelto de manera satisfactoria la competencia entre la legitimidad democrática y el poder efectivo. También es notorio que las más fuertes protestas contra la intervención militar en Caracas provienen del eje mundial de los mismos Estados autoritarios, que han renunciado desde hace tiempo a sus más elementales obligaciones jurídicas internacionales. Mientras tanto la mayoría del pueblo venezolano parece lamentar que la operación de llevar al dictador Maduro a una cárcel en Nueva York queda como una cirugía superficial que no extirpó las estructuras de opresión y de permanente abuso de poder. De forma similar en Irán, millones de habitantes han puesto su esperanza en una intervención militar de los EEUU. Pero estas esperanzas no se reconcilian con los principios del derecho internacional, salvo en el caso controvertido de una intervención humanitaria.

Disfuncionalidad de las Naciones Unidas

Con toda agudez, el caso de la intervención estadounidense en Venezuela genera la gran pregunta de qué puede aportar el orden internacional hoy en día. El fin del “fin de la historia”, que ya se había vislumbrado antes de la guerra de agresión rusa contra Ucrania, se une con un renacimiento de caprichos de las grandes potencias y la idea de esferas de influencia regionales. Este proceso no solo ha alterado el equilibrio de poder mundial, que es decisivo para la protección efectiva de la soberanía territorial. La agresividad estructural de Rusia hacia sus vecinos sacude los principios básicos del derecho internacional. ¿En qué punto nos encontramos actualmente con nuestro ordenamiento jurídico internacional? Los regímenes responsables de violaciones masivas de los derechos humanos, terrorismo interno y desestabilización de sus vecinos suelen atrincherarse detrás de la integridad territorial de los países que oprimen. Sin embargo, una nueva flexibilización de la prohibición del uso de la fuerza no puede ser la solución. En el derecho internacional el fin no justifica todos los medios.

Si bien los Estados han renunciado al uso de la fuerza bajo la garantía de seguridad del Consejo de Seguridad de la ONU, este organismo a menudo incumple su función pacificadora, limitándose a intervenir en algunos casos.   Para retomar la famosa fórmula de Thomas Hobbes sobre el orden internacional: el dominio de la ley, con la renuncia de los sujetos a la fuerza física se condiciona por una expectativa de protección mediante los mecanismos internacionales. Si esta interrelación se rompe, resurge el deseo de defender intereses nacionales de forma unilateral.

El derecho internacional vincula la autodefensa a un ataque armado. Por eso mantiene cerrada la puerta a la autodefensa en casos de agresividad de bajo nivel, como los ciberataques rusos, otras formas de sabotaje o la financiación del terrorismo. Prevalece la obvia preocupación por abrir la caja de Pandora, aunque el mecanismo de seguridad colectiva de la ONU fracase persistentemente.

Una equiparación peligrosa

La indiferencia de la Casa Blanca hacia principios fundamentales bastante obvios es un aspecto inquietante de su operación militar en Venezuela y la amenaza de intervenir en Irán. Esta pasividad brinda a regímenes autoritarios y agresivos como Rusia o Irán argumentos para la justificación pseudo-legal de sus propias acciones, invocando los deslices de EE UU como líder del mundo occidental.

Sin embargo, sería fatal caer en la trampa de equiparar una operación militar contra una dictadura en sumo grado opresiva –indudablemente controvertida desde el punto de vista jurídico– con una política de violencia desenfrenada destinada a conquistar territorios extranjeros y aniquilar a la población civil con ataques permanentes a núcleos urbanos, escuelas e infraestructuras civiles.  En el peor de los casos, países como China y Rusia utilizaran la nueva indiferencia de la Casa Blanca a las normas internacionales como justificación para el control de “sus” regiones.

En pro de una diferenciación cuidadosa

Quizás, la lección más importante no sea la creación de nuevas zonas grises o el debilitamiento de las normas básicas, sino la diferenciación según el grado y las circunstancias de la infracción de las normas. La operación de EE UU contra Maduro tiene, al igual que en su día la invasión de Panamá para tumbar y detener al dictador narcotraficante Noriega, una calidad completamente diferente que la brutal guerra de conquista de Rusia contra Ucrania. Tampoco se puede comparar con la total negación del derecho humanitario por parte del agresor.

En este contexto, no se trata de justificar la transgresión de normas, sino de establecer una escala de gravedad de lesiones del derecho internacional a la luz de los valores fundamentales del orden internacional. Quizás puede resultar útil una audaz referencia a la dogmática eclesiástica: la doctrina católica, con la distinción entre “pecados mortales” y “pecados veniales”, insiste en el cumplimiento constante de las normas, pero establece una jerarquía según el grado y las consecuencias.

Esta distinción se basa en el grado de peligro que presenta la lesión para la normativa y, en el derecho internacional, para las bases de las relaciones internacionales. De este modo, se protege la integridad del derecho internacional sin diluir la diferencia entre una transgresión limitada y la negación total de un orden jurídico vinculante. Insistir el cumplimiento del derecho internacional, con una crítica diferenciada de sus lesiones, permitiría al mundo de democracias occidentales preservar su soft power como protagonista de un orden internacional que se basa en normas irrenunciables y un equilibrio de poder que los flanquea.

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