El Gobierno expidió un decreto con el propósito de precisar la delimitación del territorio ancestral de los pueblos Arhuaco, Kogui, Wiwa y Kankuamo. Esta normativa define el sistema de espacios sagrados conocido como la "Línea Negra - Sheshiza", reconociéndolo como un ámbito de especial protección integral que posee un profundo valor espiritual, cultural y ambiental. El instrumento jurídico responde a mandatos de la Corte Constitucional y se fundamenta en la Ley de Origen, integrando la cosmovisión indígena con el ordenamiento legal vigente para asegurar la pervivencia de estas comunidades étnicas.

La normativa identifica una extensa red de puntos geográficos que abarcan desde las cumbres de la Sierra Nevada hasta el litoral caribeño y sus espacios marinos. Estos sitios, que incluyen montañas, nacimientos de agua y zonas costeras, no funcionan de manera aislada, sino como un tejido interconectado de relaciones energéticas y ambientales esenciales para el equilibrio del ecosistema. El decreto detalla centenares de espacios específicos, asignándoles funciones de saneamiento, protección de especies y regulación climática, lo que convierte a la Línea Negra en el anillo exterior que salvaguarda la integridad del macizo montañoso. (Lea: El fallo del Consejo de Estado sobre la Línea Negra: análisis de la decisión y repercusiones)

El decreto establece directrices claras para el ejercicio de la libre determinación y el gobierno propio de los cuatro pueblos en su territorio tradicional. Se reconoce la eficacia de los sistemas normativos indígenas bajo el principio de pluralismo jurídico, disponiendo mecanismos de coordinación entre las autoridades tradicionales y las entidades públicas del Estado. De este modo, la gestión de los recursos naturales y la planificación territorial deberán realizarse de forma armónica, respetando las competencias de los cabildos y asegurando que las decisiones administrativas no afecten negativamente el patrimonio cultural inmaterial de la Nación. (Lea: Anulan redefinición del territorio ancestral de los pueblos Arhuaco, Kogui, Wiwa y Kankuamo de la Sierra Nevada)

La nueva reglamentación incorpora el principio de progresividad y la prohibición de regresividad en materia de derechos humanos para los pueblos indígenas. Esto implica que el Estado asume el compromiso de avanzar en la ampliación de las garantías territoriales y ambientales, evitando cualquier medida que debilite el reconocimiento ya alcanzado. Además, el decreto incluye protocolos para el acceso a los sitios sagrados y la protección de los conocimientos tradicionales, consolidando un marco jurídico que busca armonizar el desarrollo de la sociedad nacional con el respeto a la diversidad étnica y la integridad de la naturaleza.

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