Decreto prohíbe uso de combustibles subsidiados como insumo industrial
El aumento del consumo industrial de diésel motivó la medida, que busca evitar distorsiones y reducir el impacto fiscal del FEPC.Openx [71](300x120)
18 de Marzo de 2026
El Gobierno nacional expidió un decreto que adiciona el Decreto 1073/15 para prohibir que los combustibles líquidos derivados del petróleo utilizados como materia prima en la producción de otros combustibles sean objeto de estabilización a través del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC). La medida establece que estos productos dejarán de recibir subsidios y su precio será definido libremente entre los agentes del mercado.
Enfoque en sostenibilidad fiscal y eficiencia del gasto
La decisión se fundamenta en la necesidad de optimizar el uso de los recursos públicos y garantizar la sostenibilidad fiscal del FEPC, cuyo objetivo principal es mitigar el impacto de las fluctuaciones internacionales en los precios para los consumidores finales. Según el documento técnico, el uso de combustibles subsidiados en procesos industriales desnaturaliza la finalidad del fondo, al beneficiar consumos intermedios sin asegurar su traslado al usuario final. (Lea: Incrementan aranceles para importaciones de vehículos y motocicletas propulsados por motores de combustión)
Aumento del consumo industrial y presión fiscal
El decreto responde también a un incremento significativo en la demanda de diésel destinado a quemadores industriales, que pasó de 806.000 galones mensuales en 2023 a más de 8 millones en 2024. Este comportamiento generó un impacto fiscal estimado de $ 131 mil millones entre enero y abril del 2025, lo que motivó la adopción de medidas para focalizar los subsidios y evitar distorsiones en el mercado.
Excepciones y aplicación de la medida
La normativa contempla excepciones para combustibles destinados a la producción de gasolina mezclada con etanol y diésel combinado con biocombustibles, en línea con políticas ambientales y de transición energética. Asimismo, el Ministerio de Minas y Energía deberá definir los lineamientos de implementación y control en un plazo de dos meses, mientras que la disposición entrará en vigencia a partir de su publicación oficial.
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