Juan Manuel Charry Urueña
Abogado constitucionalista

A medida que se acercan las elecciones presidenciales de mayo de 2026, Colombia enfrenta un desafío de seguridad sin precedentes en la última década. Lo que comenzó como un ambicioso proyecto de “Paz Total” ha derivado en una fragmentación del control territorial, donde los grupos armados ilegales han pasado de ser actores marginales a convertirse en árbitros de facto de la política local en regiones críticas.

1. El fortalecimiento de los actores armados

Según el balance de la Fundación Ideas para la Paz (FIP) a inicios de 2026, el número de integrantes de grupos armados creció un 23,5 % en el último año, superando los 27.000 miembros. Este crecimiento se explica por una diversificación de sus economías (narcotráfico, minería ilegal, extorsión y trata de personas) y una mayor capacidad de reclutamiento ante la ausencia de una respuesta estatal integral.

Además de otros grupos guerrilleros y de delincuencia organizada tales como disidencias de Calarcá, Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, el Tren de Aragua, Shottas y Espartanos, entre otros.

2. El mapa del riesgo electoral

La Misión de Observación Electoral (MOE) ha encendido las alarmas: 185 municipios presentan un riesgo coincidente por violencia y fraude, de los cuales 94 están en extremo riesgo. La violencia política ha dejado de ser únicamente el asesinato de líderes para convertirse en una “gobernanza criminal” que decide:

- Quién hace campaña: candidatos presidenciales han denunciado ataques en departamentos como Huila y Putumayo, limitando el proselitismo en plaza pública.

- Quién vota: en zonas de influencia del ELN y disidencias, la abstención no es una elección ciudadana, sino una imposición armada bajo amenaza de represalias.

- Qué se dice: la estigmatización y la violencia digital, alimentadas por redes de apoyo de estos grupos, han polarizado el debate hacia una dicotomía de “seguridad vs. paz”.

3. La seguridad como eje del debate presidencial

Las encuestas de marzo de 2026 muestran que la seguridad es la preocupación número uno del electorado (superando a la economía). Esto ha configurado tres grandes bloques de respuesta:

- El bloque de la restauración (derecha): candidatos que proponen el fin de las mesas de diálogo y el retorno a una ofensiva militar total. Argumentan que la “Paz Total” fue una “ventana de oportunidad” para que los grupos se rearmaran.

- El bloque del diálogo (izquierda/Pacto Histórico): defienden la salida negociada, pero enfrentan el lastre de la baja confianza ciudadana (según Invamer, el 73 % de los colombianos cree que el Estado perdió el control territorial).

- El bloque del centro: apuesta por una “seguridad institucional” que combine la presencia del Estado (justicia y educación) con una recuperación estratégica de las Fuerzas Militares, intentando distanciarse de los extremos.

4. Conclusión: una democracia en tensión

El 2026 no es solo una elección de nombres, sino un plebiscito sobre el modelo de seguridad del país. El riesgo real no es que no se realicen las elecciones, sino que estas se lleven a cabo en una “democracia de dos velocidades”: una libre y vibrante en las grandes capitales (Bogotá, Medellín, Cali) y otra silenciada y coaccionada en la periferia rural.

Dato clave: El Plan Democracia 2026 ha desplegado más de 246.000 efectivos de la fuerza pública para custodiar 13.493 puestos de votación, reflejando el nivel de alerta nacional.

Agradeceré comentarios: jcharry@charrymosquera.com 

Siga nuestro nuevo canal de WhatsApp. 

Gracias por leernos. Recuerde que si es suscriptor puede descargar el archivo soporte de esta noticia haciendo clic en el botón azul. Si le gusta estar informado, suscríbase y acceda a todas nuestras noticias, los datos identificadores y los documentos sin límites.