Es otra ley que quiere acabar con un mal endémico de nuestra sociedad: la criminalidad, sobre todo, la urbana. Y con la fórmula de siempre, que ha demostrado, en muchos casos, su inutilidad: la magnificación del Derecho Penal y la reducción de las garantías procesales.

En efecto, los más de 100 artículos de esta ley buscan combatir la criminalidad organizada, el terrorismo y los delitos callejeros que más impactan al ciudadano del común.

Así, esta norma aumentó las penas de más de 20 delitos asociados a esta criminalidad y modificó algunas normas punitivas del Código de la Infancia y la Adolescencia (L. 1098/06) y del Código de Procedimiento Penal (L. 906/04).

Mientras unos sectores aplaudieron esta normativa, otros la siguen cuestionando, por su inocuidad. Uno de ellos fue la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, que ha tenido que aclarar muchas de sus vaguedades a través de su jurisprudencia.