La Corte Constitucional concluyó que el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos no impide limitar el ejercicio de derechos políticos mediante sanciones administrativas cuando no exista una condena penal que demuestre su viabilidad, como en el caso de la exsenadora Piedad Córdoba. Indicó que la misma disposición avala las determinac