Al resolver un recurso de apelación contra un fallo que ordenó al Distrito de Cartagena reliquidar la sanción por inexactitud del impuesto de industria y comercio de una sociedad dedicada a proyectos de construcción, teniendo en cuenta los ingresos obtenidos en otros municipios, el Consejo de Estado hizo precisiones sobre la veracidad de las declaraciones tributarias.

El alto tribunal indicó que dicha presunción de veracidad, en los términos del artículo 746 del Estatuto Tributario (E.T.), puede ser desvirtuada por las autoridades por medio del ejercicio de facultades de fiscalización, de manera que los contribuyentes deben dar respuesta a los requerimientos para acreditar la información suministrada.

En el caso bajo análisis, desde el requerimiento especial la Administración solicitó la comprobación de los ingresos recibidos por fuera de Cartagena del valor del anticipo y del valor descontado del impuesto en el año 2013. Con fundamento en esta solicitud y la respuesta dada por la sociedad, expidió la liquidación oficial y la resolución que resolvió el recurso de reconsideración.

Se desvirtuó la presunción de veracidad de la declaración, con fundamento en las pruebas recaudadas y se determinó el impuesto a cargo. Además, de acuerdo con las pruebas obtenidas en el recurso de reconsideración, se disminuyó el valor del tributo en discusión, por lo que no se evidenció falsa motivación de los actos.

El alto tribunal recordó que, según el artículo 777 del E. T., sobre certificación de contador público y revisor fiscal, para que esta se tenga en cuenta como prueba contable suficiente ante requerimientos de la administración se requiere de cierto grado de detalle y dependerá de la calidad de los comprobantes que lo acompañen (Wilson Ramos Girón (E)).

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