La Sala Plena de la  Corte Constitucional ratificó, a través de reciente sentencia de unificación, que el artículo 90 de la Constitución Política no establece un régimen de imputación estatal específico, como tampoco lo hacen el artículo 68 de la Ley 270 de 1996 y la Sentencia C-037 de 1996, cuando el hecho que origina el presunto daño antijurídico es la privación de la libertad. Lo anterior en tanto la Corte y el Consejo de Estado han aceptado que el juez administrativo debe establecer en estos casos el régimen de imputación a partir de las particularidades de cada caso. El magistrado Carlos Bernal Pulido salvó voto de forma parcial, mientras que sus colegas Alejandro Linares Cantillo y Antonio José Lizarazo se reservaron la presentación eventual de una aclaración de voto (M. P. José Fernando Reyes).