La ausencia de especificidad y suficiencia en el cargo de inconstitucionalidad formulado contra el artículo 27 de la Ley 1826 del 2017, que contempla todo lo relacionado con la figura del acusador privado en el procedimiento penal abreviado, no permitió que la Corte Constitucional pudiera proferir una sentencia de fondo. Esto quiere decir que la demanda no explicó de qué manera la disposición legal acusada vulnera la Constitución Política de 1991 (M. P. Antonio José Lizarazo).