El personero de Bogotá, Ricardo María Cañón, presentó una acción de tutela para proteger el derecho a la educación digna de 157 niños, de los cuales 40 son hijos de reclusos. Por petición del funcionario, el Juez 41 Penal Municipal ordenó a la Alcaldía Mayor realizar las gestiones necesarias para celebrar un convenio educativo con la Fundación El Portal, el cual no se renovó con el argumento de que en el localidad de Rafael Uribe Uribe (UPZ Marruecos) no había déficit de cupos en los centros educativos públicos. Según el fallo, la decisión de no renovar el convenio desconocía no solo los derechos a la educación, libre desarrollo de la personalidad e igualdad, especialmente, en personas en condición de debilidad manifiesta, sino los postulados de la Corte Constitucional y de tratados internacionales que prohíben retrocesos en los niveles de protección alcanzados. Los niños favorecidos con la tutela son de grados 1°, 2°, 3° y 4° de primaria.