La Corte Constitucional advirtió que el Decreto 1782 del 2013 no reglamentó plenamente el artículo 53 del Decreto Ley 1278 del 2002, pues se limitó a establecer la normativa aplicable al traslado de docentes del sector público por razones de seguridad cuando estas últimas guardan una relación de causalidad con el ejercicio de la función docente. Esto, a su juicio, evidencia la existencia de un vacío legal en relación con los traslados de docentes por razones de seguridad cuando no existe conexidad directa entre el riesgo y el ejercicio de las actividades o funciones políticas, públicas, sociales o humanitarias. Sin embargo, aseguró que no por eso resulta admisible desconocer la protección de los derechos fundamentales de los educadores que reciban amenazas contra su vida o su integridad, como ocurre en aquellos casos de violencia intrafamiliar. Por eso, instó a la autoridad nominadora implementar las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los servidores públicos en situaciones de riesgo o amenaza cuando no se originen en el desempeño de sus funciones (M. P. Gloria Stella Ortiz).