La Corte Constitucional dio a conocer el texto del fallo que declaró exequibles varios apartes de la Ley 1188 del 2006, en los que se fijan exigencias de calidad para el registro calificado de programas de educación superior. El alto tribunal explicó que desde la Sentencia C-852 del 2005 se advirtió la necesidad de expedir un marco legal sobre un sistema de registro calificado como instrumento de la calidad de los programas de educación superior, con la finalidad de permitir un amplio debate público concertado entre actores involucrados. Según la corte, el legislador tiene plena competencia para regular la prestación del servicio público de educación, por lo que la Ley 1118 se limitó a desarrollar un registro calificado de los programas de educación superior, sin regular la función de inspección y vigilancia. De esta forma, la corporación precisó que las exigencias que establece esta ley no desconocieron la libertad de cátedra ni la autonomía universitaria (M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo).