La Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional amparó los derechos a la intimidad y a la propia imagen de una mujer que grabó un video pornográfico como parte de una prueba de casting para actuar en películas para adultos, el cual fue publicado y comercializado sin su autorización por el propietario de la empresa productora. La Sala concluyó que a la accionante no se le garantizó un consentimiento informado que permitiera asegurar una manifestación de la voluntad libre y autónoma en el proceso de contratación para actuar en la filmación de este tipo de videos. Así mismo,  no se demostró que el accionado o su empresa le hubiera brindado la información completa, suficiente y detallada que necesitaba la peticionaria para autorizar la grabación y comercialización de su imagen (M. P. Diana Fajardo).