La Corte Constitucional señaló que la orden de demolición de una vivienda, por el desconocimiento del régimen urbanístico, no trasgrede el derecho fundamental a la vivienda digna. Por otra parte, el alto tribunal recordó el desarrollo jurisprudencial en torno a este derecho, concluyendo que si bien se trata de un derecho social, económico y cultural, hay supuestos especiales en los cuales es posible ampararlo por medio de la acción de tutela, siempre y cuando se cumplan los requisitos generales de procedibilidad (M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez).