En un fallo dado a conocer recientemente, el Consejo Superior de la Judicatura asignó competencia a un juez penal ordinario para conocer el delito de rebelión presuntamente cometido por miembros de la comunidad Embera Katío, acusados de colaborar con las FARC y sus corredores de movilidad. A juicio del alto tribunal, el elemento territorial para adscribir el conocimiento a la jurisdicción penal indígena no se cumplió, porque el delito ocurrió fuera del territorio de la comunidad indígena y no se probó el límite del territorio indígena y su relación con los actos cometidos en dicho espacio de terreno (M. P. María Constanza Rivera Peña).