En un concepto reciente, la Procuraduría General de la Nación consideró infundadas las objeciones presidenciales a la reforma de la Ley 142 de 1994 y estimó que sí es posible eliminar los cobros por reconexión y reinstalación de servicios públicos domiciliarios en inmuebles residenciales de estratos 1, 2 y 3. Así  las cosas, y luego de estudiar las objeciones al proyecto con el que se pretende modificar dicha ley, consideró que al no haber una decisión estructural de fondo frente a la gratuidad de los costos de reconexión la medida resulta constitucional. Cabe anotar que la Sala Plena de la Corte Constitucional comienza mañana la revisión de esta polémica iniciativa, si recibe el respaldo del alto tribunal deberá ser sancionada. En cambio, si la alta corporación judicial considera que el proyecto es parcialmente inexequible, así lo indicará al Legislativo para que, oído el ministro del ramo, rehaga o integre las disposiciones afectadas en términos concordantes con el dictamen. La ponencia del fallo está a cargo del magistrado Alejandro Linares.