El Consejo de Estado señaló recientemente que, en recientes pronunciamientos, la Corte Constitucional ha restringido aún más la posibilidad de cuestionar mediante tutela las providencias dictadas por las altas cortes. En ese sentido, recordó que además del cumplimiento de los requisitos fijados por la ley, la tutela contra providencias proferidas por los denominados órganos de cierre “solo tiene cabida cuando una decisión riñe de manera abierta con la Carta Política y es definitivamente incompatible con la jurisprudencia trazada por el alto tribunal constitucional al definir el alcance y límites de los derechos fundamentales, esto es, “cuando se configura una anomalía de tal entidad que exige la imperiosa intervención del juez constitucional” (C. P. María Adriana Marín).