Cuatro meses después de que la Corte Constitucional declaró infundadas las objeciones presidenciales formuladas en julio del año pasado, acaba de ser sancionada la Ley 1409, que reglamenta el ejercicio profesional de la archivística y expide su código de ética. En ese entonces, el Gobierno consideró que la iniciativa vulneraba los derechos a la igualdad y al trabajo, porque les impediría a otros profesionales, como los historiadores, ejercer en ese campo. El alto tribunal sentenció que la misma no es excluyente, pues se limita a regular la pertenencia a la profesión de archivística.