La Sección Cuarta del Consejo de Estado confirmó la decisión que negó la protección de los derechos fundamentales invocados por Cristina Eugenia Lombana Velásquez, magistrada de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia y miembro activo de las fuerzas militares, vulnerados, a su juicio, por la decisión de la Sala Especial de Instrucción de aceptar la recusación formulada por el senador Iván Cepeda para conocer de los procesos en los que aparece como investigado el senador Álvaro Uribe Vélez. En efecto, si bien la accionante cuestionaba que la recusación no se adecuaba a las causales que taxativamente contempla la ley, el alto tribunal respaldó la aplicación de la “teoría de la apariencia de imparcialidad”, extraída de pronunciamientos proferidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, como fundamento para apartar a la servidora. Precisamente, la Sala negó que esa actuación configurara un defecto sustantivo, en tanto constituyen criterios hermenéuticos relevantes para que las autoridades judiciales colombianas determinen el contenido y alcance de las normas cuando están involucrados derechos fundamentales (C. P. Julio Roberto Piza).