La Corte Constitucional determinó recientemente que el traslado de recursos de las cuentas de ahorro y corrientes abandonadas a un fondo destinado a crédito de estudio y fomento de la calidad de las instituciones de educación superior es una medida de intervención del Estado que se justifica por un propósito de orden constitucional. De esta manera, la Corte declaró exequible el inciso 1º y el parágrafo 4º del artículo 3° de la Ley 1777 del 2016 (M. P. Carlos Bernal Pulido).