La verificación por el Ministerio de Educación de la existencia en universidades de las apropiaciones presupuestales suficientes para el desarrollo de nuevos registros calificados o la renovación de los existentes no desconoce el principio de autonomía universitaria. Así lo concluye un pronunciamiento reciente de la Corte Constitucional luego de declarar, principalmente,  la exequibilidad del artículo  88 de la Ley 1815 del 2016.  Sobre este aspecto, la Corte resaltó que las condiciones para obtener el registro calificado aplican tanto a las universidades públicas como a las privadas, con lo cual descartó que la disposición acusada establezca un medio de control estatal sobre aquellas de naturaleza pública y, por el contrario, se instituye en un mecanismo general cuya finalidad consiste en garantizarles a los alumnos condiciones de calidad, continuidad y permanencia del servicio público de educación superior (M. P. Alberto Rojas).