La Corte Constitucional consideró, a través de un fallo reciente de tutela, que en el marco de los derechos de acceso a la administración de justicia en condiciones de igualdad y de defensa material las copias gratuitas de un expediente penal a personas privada de la libertad son procedentes siempre que: (i) se requieran con el propósito de llevar a cabo algún trámite específico o ejercer una facultad concreta dentro del proceso penal y (ii) que aquella no cuente con los recursos económicos para asumir el costo asociado a acceder a la documentación solicitada. La Sala encontró que el accionante no requería las copias para hacer uso de una facultad concreta dentro del proceso, en la medida en que no existía una relación necesaria entre la documentación solicitada gratuitamente y la petición de la prisión domiciliaria que deseaba formular (M. P. Diana Fajardo).