La Corte Constitucional reprochó la conducta de las entidades de salud que imponen trabas administrativas a los usuarios y condenó, especialmente, a aquellas que obstruyen el derecho a la salud de los menores de edad, pues, a su juicio, la prestación eficiente y efectiva de ese servicio no puede verse interrumpida por el cumplimiento de procedimientos que le competen solo a estas. En ese escenario, exhortó al Ministerio de Salud y Protección Social y a la Superintendencia Nacional de Salud para que cumplan con sus obligaciones constitucionales y legales y se abstengan, además, de condicionar el ejercicio de sus competencias a la intervención del juez constitucional, puesto que, para la Corte, cuentan con instrumentos jurídicos idóneos y eficaces para acompañar y garantizar la adecuada atención a los usuarios (M. P. Gloria Stella Ortiz).