El Consejo de Estado recordó que tanto el Ministerio de Educación Nacional como las secretarías de educación municipal deben garantizar la prestación efectiva y eficiente del servicio de educación especial a la población con discapacidad o capacidades excepcionales. La Sección Cuarta amparó los derechos fundamentales a la dignidad humana, a la igualdad en conexidad con la protección constitucional a las personas en circunstancias de debilidad manifiesta y estado de indefensión, al debido proceso, a la educación y al libre desarrollo de la personalidad, vulnerados por la decisión de la Secretaría de Educación Municipal de Pasto de suspender el servicio de educación especial a personas con discapacidad. Según la Sala, el municipio no podía interrumpir sus actividades educativas de habilitación y rehabilitación, pues el objeto de las observaciones que hizo el Ministerio de Educación Nacional sobre la prestación del servicio no era la suspensión sino el mejoramiento del servicio (C. P. Martha Teresa Briceño).