La Corte Constitucional reiteró que el derecho a la salud de los niños tiene carácter prevalente sobre los derechos de todos los demás, pues en sí mismo es fundamental y además protege a una población especial. Por tal razón, tuteló este derecho a una menor de edad discapacitada a la cual la EPS a la que está afiliada le negó las terapias que hacen parte de su tratamiento con el argumento de que la institución donde las realizan no hace parte de su red de servicios y que los servicios deben ser solicitados por los profesionales de la salud que sí pertenezcan a la red y estar contemplados en el POS. La sala estimó que si no se practica el tratamiento integral, de acuerdo con su médico tratante, se le estaría negando a la menor la posibilidad de rehabilitación que incide en su calidad de vida. Aunque el tratamiento solicitado fue ordenado por un médico externo a la EPS, la Corte estableció que él mismo hace parte del Sistema de Salud y es un especialista en el tratamiento de la enfermedad que aqueja a la menor (M. P. María Victoria Calle).