El Consejo Superior de la Judicatura reiteró que el elemento personal, el territorial, el institucional y el objetivo son criterios para tener en cuenta al momento de desatar conflictos entre la jurisdicción ordinaria penal y la indígena. En la sentencia, la sala explicó que conforme a la más reciente jurisprudencia de la Corte Constitucional, a falta de un desarrollo legislativo, dependiendo de la confluencia de factores y la ponderación entre la protección de la diversidad étnico-cultural y los derechos de la víctima, se adjudica el conocimiento a la determinada jurisdicción (M. P. Julia Emma Garzón de Gómez).