La Corte Constitucional reiteró el carácter fundamental del derecho a mantener el poder adquisitivo de las pensiones. En su opinión, esta garantía incluye el derecho a la actualización del ingreso base de liquidación de la primera mesada pensional y al reajuste periódico. En el caso analizado, decidió amparar los derechos al mínimo vital y a la seguridad social de una mujer de 90 años que había solicitado la aplicación del índice de precios al consumidor (IPC) a los actos administrativas que reconocieron y sustituyeron una pensión de jubilación. Ante la negativa injustificada, el alto tribunal le ordenó a la Unidad administrativa especial de gestión pensional y contribuciones parafiscales de la protección social (UGPP) proferir un acto administrativo en el que actualice la mesada pensional aplicando el IPC certificado por el DANE, año a año, desde 1971 hasta el cumplimiento del fallo de tutela; para tal efecto deberá aplicar la fórmula que señala la Sentencia T-098 del 2005. Mauricio González Cuervo presentó salvamento parcial de voto (M. P. Luis Ernesto Vargas Silva).