La Corte Constitucional precisó que cuando una persona decida acudir a la acción de tutela con el objetivo de lograr su reintegro a una función que prestaba en vigencia de un contrato de obra o labor, alegando para ello estar cerca de cumplir los requisitos exigidos por la ley para acceder a su pensión de vejez, corresponderá al juez constitucional verificar (i) si cumple, en efecto, con la condición de prepensionada y (ii) si la desvinculación acaeció por la finalización cierta y efectiva de la obra para la cual fue contratada o, al contrario, esta aún se mantiene vigente (M. P. Luis Guillermo Guerrero).